Bolivia busca apoyo internacional para reformar el sistema judicial
El país accede a recursos y asistencia técnica de organizaciones internacionales para llevar a cabo una reforma en su Justicia. El ministro Aramayo anunció avances en este proceso.
En un esfuerzo por modernizar su sistema judicial, Bolivia ha acordado recibir apoyo internacional, incluyendo asistencia técnica y financiamiento, según lo informado por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco. Este acuerdo se da en el contexto del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrado recientemente en Panamá.
Aramayo detalló que se contará con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros organismos regionales, lo que permitirá ofrecer recursos y asistencia a entidades del Estado como el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, facilitando así el avance en la reforma judicial.
El propósito de estas gestiones es fortalecer la institucionalidad democrática y modernizar los procedimientos judiciales, además de promover la transparencia y combatir la corrupción. Este acompañamiento internacional también incluye el interés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en contribuir al proceso de transformación del sistema judicial en Bolivia.
El ministro de la Presidencia enfatizó la importancia de coordinar estos esfuerzos con diversas instituciones, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, asegurando que cada entidad actúe dentro de sus competencias. En este sentido, se espera la concreción de un primer financiamiento que asciende a cientos de miles de dólares para el diseño de la reforma.
Estamos a puertas de poder concretar un primer financiamiento de un par de cientos de miles de dólares, pero es algo que queremos hacer en el marco de la coordinación que debemos llevar adelante con diferentes entidades, sobre todo el Poder Judicial.
El foro, que tuvo lugar del 20 al 21 de octubre, reunió a autoridades de 20 países de la región y fue organizado por el Gobierno de Panamá en colaboración con el PNUD y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).