Cívicos de Santa Cruz piden claridad sobre gestión de combustibles en ANH y YPFB
El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió transparencia a las instituciones encargadas de la regulación y comercialización de combustibles, tras evidenciar irregularidades en su funcionamiento.
Stello Cochamanidis, líder del Comité Cívico pro Santa Cruz, ha expresado fuertes críticas hacia la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), demandando una mayor transparencia ante las irregularidades que afectan la distribución de combustibles en el país.
El dirigente cívico calificó la situación en ambas entidades como "esa olla de corrupción" y exigió que se tomen medidas para identificar y sancionar a los responsables de estas anomalías. Cochamanidis también enfatizó la necesidad de que las autoridades mantengan una vigilancia constante y brinden información clara a la población.
Además, pidió que YPFB y la ANH emitan informes diarios que detallen el ingreso de combustible al país, su distribución y las acciones implementadas para solucionar los problemas que siguen afectando tanto a productores como a transportistas.
Esta solicitud surge en el contexto de las intervenciones que ha dispuesto el Gobierno en estas entidades. En las primeras auditorías, el Viceministerio de Transparencia encontró inconsistencias en los registros de cisternas y detectó aproximadamente 600 usuarios que accedieron de manera irregular a los sistemas de YPFB, lo que ha llevado a abrir investigaciones sobre posibles desvíos de combustible.
Cochamanidis también criticó que, a pesar de que se ha incrementado el límite de compra para pequeños productores hasta 2.500 litros, los problemas para cargar combustible persisten. "La transparencia no puede ser solo un anuncio, debe hacerse de manera diaria", enfatizó.
Mientras tanto, YPFB afirma que está trabajando en mejorar la distribución de combustible y ha acordado aumentar los volúmenes destinados a zonas productivas como Cuatro Cañadas. Sin embargo, el sector cívico continúa exigiendo resultados tangibles y un seguimiento claro del combustible en el país.
La presión recae ahora sobre las instituciones involucradas, que no solo deben explicar el paradero del combustible, sino también garantizar la trazabilidad de cada litro que se distribuye.