Compromiso del Gobierno con el FMI: Fin de las subvenciones a combustibles para 2027
El Gobierno boliviano ha acordado con el Fondo Monetario Internacional eliminar las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, como parte de un plan más amplio para estabilizar la economía del país.
El presidente Rodrigo Paz presentó recientemente un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para autorizar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares. Este acuerdo implica que Bolivia debe cumplir ciertos objetivos, entre los cuales se destaca la eliminación de las subvenciones a los combustibles para el año 2027.
De acuerdo con el memorándum de entendimiento, el presupuesto del año 2027 no contemplará ninguna disposición relacionada con las subvenciones a los combustibles provenientes del Tesoro o de empresas estatales. Adicionalmente, se establece que los precios de los combustibles en el país alcanzarán el nivel de recuperación de costos a partir de enero de 2027.
El documento también menciona la realización de ajustes estructurales y fiscales que son necesarios para asegurar la estabilidad macroeconómica. Esto incluye la protección de la sostenibilidad de la deuda y la atención a las poblaciones más vulnerables, así como la implementación de un tipo de cambio flexible.
Se prevé que la reordenación de los precios, que incluye el ajuste del tipo de cambio y la eliminación gradual de las subvenciones, pueda generar un retraso en el proceso de desinflación en el corto plazo. La intención es acompañar este proceso con un aumento en el gasto destinado a la asistencia social.
Además, se destaca que se fortalecerá el marco institucional para la protección social, con el fin de mitigar el impacto de los precios elevados de los combustibles sobre los hogares más vulnerables. En caso necesario, se buscará proporcionar apoyo temporal dirigido a grupos prioritarios durante esta transición.
El Gobierno también se compromete a implementar medidas estructurales que reduzcan los gastos de remuneración en el sector público y a impulsar reformas para disminuir la informalidad laboral, promoviendo así empleos de calidad. Además, se contempla mejorar la autonomía y la gobernanza del Banco Central de Bolivia, así como reestructurar las empresas estatales.