Consejeros de la Magistratura niegan conocimiento de acusación en su contra
Las autoridades del Consejo de la Magistratura se pronuncian sobre una denuncia de juicio de responsabilidades, asegurando que no han sido notificadas oficialmente acerca de su existencia.
Recientemente, en redes sociales se divulgó una denuncia que involucra a los consejeros de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, Manuel Baptista y Paul Araoz, por supuesta omisión dolosa en la designación de directores para la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) y la Escuela de Jueces del Estado (EJE). Sin embargo, el Consejo de la Magistratura afirma que no ha recibido notificación oficial sobre dicha denuncia por parte de la Cámara de Diputados, que debe decidir si la admite o la rechaza.
La denuncia, presentada por el abogado Marcelo Pérez Ramos, sugiere que los tres consejeros no realizaron las convocatorias necesarias para la selección de postulantes a dichos cargos, una acusación que ellos niegan. Según las autoridades del Consejo, el ingreso de la denuncia en Diputados no implica que se haya iniciado un juicio de responsabilidades, ya que esta Cámara debe primero examinar si la denuncia cumple con los requisitos mínimos para proceder.
Marco legal de la denuncia
De acuerdo con la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, es el Consejo de la Magistratura el encargado de convocar y preseleccionar a los postulantes, mientras que la designación final de los directores recae en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por lo tanto, la responsabilidad de la convocatoria y selección de directores es exclusivamente del TSJ.
Actualmente, se encuentran en proceso de elaboración los reglamentos y convocatorias correspondientes para la EJE y la DGAF, bajo los números 15/2026 y 16/2026, respectivamente. Estos procedimientos incluyen la evaluación de requisitos, méritos, exámenes y entrevistas, lo que demuestra que no ha habido una inacción por parte de los consejeros como se indica en la denuncia.
En cuanto al posible perjuicio económico mencionado por el pago de salarios durante el proceso de selección, se subraya que cualquier acusación de delito debería ser respaldada por una auditoría que identifique las decisiones tomadas y la relación entre las conductas de los consejeros y los daños alegados.
Implicaciones y contexto
El eventual juicio de responsabilidades podría conllevar la separación de los actuales consejeros, lo que abriría la puerta a la asunción de autoridades suplentes que no fueron elegidas por voto popular. Esta situación reaviva el debate sobre el modelo de elección de las autoridades judiciales y la dinámica entre los titulares y suplentes, un tema polémico desde la implementación de este sistema.
Finalmente, es importante investigar la procedencia de la denuncia, así como los intereses detrás de ella, cuestionando quiénes podrían resultar beneficiados de un debilitamiento de las autoridades actuales del Consejo de la Magistratura.