Controversia en Cochabamba: Gobernador exige venta de tierras a excandidatos opositores
Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, ha impuesto un plazo de 90 días para que excandidatos de la oposición vendan sus tierras, generando críticas por posible violación de derechos constitucionales.
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, ha emitido una controversial orden que obliga a los excandidatos que se presentaron en elecciones con partidos opositores a vender sus tierras, conocidas como "chacos", en un plazo de 90 días. Esta decisión ha suscitado un amplio debate, con acusaciones de que se están vulnerando derechos fundamentales.
Edwin Claros, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, ha señalado que Loza, en su rol de dirigente de Chimoré, debería ser un defensor de los derechos políticos y civiles que la Constitución garantiza. En su juramento de posesión, Loza prometió respetar la Constitución y las leyes, pero su reciente acción es vista como un claro desacato a lo establecido en los artículos 21 y 26 de la Constitución Política del Estado, que protegen la propiedad privada y los derechos de expresión y asociación.
Aquilardo Caricari, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y de la Federación Carrasco del Trópico de Cochabamba, defendió la medida asegurando que los afiliados a las organizaciones sindicales deben acatar las decisiones tomadas por mayoría en sus congresos. Durante estas reuniones, se aprobó la resolución que dicta la venta forzada de tierras a aquellos que hayan optado por presentarse como candidatos opositores.
La participación de estos afiliados en elecciones con otras siglas ha sido calificada como un acto de traición, lo que ha llevado a la federación a actuar. Caricari explicó que la decisión de sancionar a los opositores forma parte de los acuerdos internos y que quienes deciden afiliarse a estas organizaciones conocen las reglas del juego.
Por su parte, Edwin Claros consideró que la acción del gobernador es un exabrupto que atenta contra la Constitución y los derechos de aquellos que piensan diferente o que han optado por representar a otras fuerzas políticas. Este episodio podría sentar un peligroso precedente de abuso de poder y afectar gravemente la libertad de propiedad y expresión en la región.