Controversia por antecedentes de la esposa del abogado de Fernando Cerimedo

Roxana Lizárraga Vera, quien está casada con Ramiro Vega, abogado que recientemente se encargó de la defensa del asesor presidencial Fernando Cerimedo, posee antecedentes judiciales en Bolivia por delitos de corrupción, según reportes oficiales.

Lizárraga ocupó el cargo de ministra de Comunicación durante el Gobierno de Jeanine Áñez. Uno de los casos más destacados en su contra está relacionado con enriquecimiento ilícito, donde se argumenta que durante su gestión se realizaron 182 depósitos bancarios irregulares por un total de Bs 247.072, que no encontrarían justificación en sus ingresos.

El 15 de agosto de 2024, un tribunal anticorrupción en La Paz la sentenció a cuatro años de prisión. Además, el informe la relaciona con el “Caso Gases”, que investiga la compra indebida de agentes químicos durante la administración de Áñez.

En febrero de 2025, el Gobierno dio a conocer una nueva sentencia contra Lizárraga y otros exministros, entre ellos Arturo Murillo, por acciones que ocasionaron al Estado daños económicos superiores a 2 millones de dólares.

Este contexto ha cobrado relevancia tras la defensa de Cerimedo por parte de Ramiro Vega, quien ha cuestionado al Ministerio Público, argumentando que los casos en contra de su defendido forman parte de una estrategia política. Se observan similitudes entre este discurso y las posturas que Lizárraga adoptó durante su tiempo en el cargo.

El informe también subraya que las acusaciones contra Cerimedo deben ser evaluadas por las entidades competentes, respetando el principio de presunción de inocencia, lo que añade una capa de complejidad a la situación actual.

Un panorama complicado

Los antecedentes de Lizárraga generan un marco de controversia y discusión en torno a la defensa de Cerimedo, planteando interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial y las motivaciones detrás de las acusaciones.