Controversia por el Fiscal General tras vetos de EEUU y regalos de la minería
Roger Rider Mariaca, Fiscal General del Estado, es objeto de críticas por su vinculación con actividades irregulares y la recepción de obsequios a poco de asumir su cargo.
El Fiscal General del Estado, Roger Rider Mariaca Montenegro, quien asumió el cargo en octubre de 2024 con el apoyo del MAS, ha sido incluido en una lista de restricciones por parte del Gobierno de Estados Unidos. Este veto se fundamenta en supuestas conexiones con el narcotráfico y la corrupción, lo que ha llevado al Departamento de Estado a calificarlo como una persona no grata.
Según el informe del Departamento de Estado, Mariaca está acusado de haber recibido y solicitado sobornos con el fin de facilitar actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. Esta situación ha motivado al Gobierno boliviano a solicitar información adicional y pruebas que expliquen la decisión estadounidense.
A solo unas semanas de haber tomado posesión de su cargo, el 8 de noviembre de 2024, Mariaca se reunió con representantes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco). Durante este encuentro, la organización le obsequió una cadena de oro, hecho que fue documentado por registros internos y material audiovisual.
La entrega de este regalo ha reabierto el debate sobre la normativa que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar obsequios que puedan comprometer su integridad. En este sentido, el artículo 147 del Código Penal, modificado por la Ley 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción, establece sanciones para quienes acepten regalos suntuarios.
Por otro lado, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), representada por su director Jaime Sanabria, también ha cuestionado la labor del Ministerio Público en la lucha contra la minería ilegal. Sanabria ha manifestado que la minería ilegal está infiltrada en estructuras de poder, lo que afecta tanto a la institucionalidad como a los esfuerzos en la persecución de estas actividades delictivas.
Además, el director de AJAM ha señalado que existen serias deficiencias en la actuación del Ministerio Público, mencionando que la falta de acompañamiento en operativos y las demoras en la investigación de denuncias están impidiendo que se logren sanciones efectivas en estos casos.