Controversias en torno al nuevo proyecto de Ley de Inversiones
El analista Omar Rilver Velasco Portillo ha señalado contradicciones significativas en el proyecto de Ley de Inversiones propuesto por el gobierno, destacando preocupaciones sobre su implementación y efectos.
Omar Rilver Velasco Portillo, analista de políticas económicas, ha expresado su preocupación por el nuevo proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado. Según su evaluación, existen seis puntos críticos que podrían generar confusión sobre el verdadero impacto de esta normativa.
Una de las principales inquietudes se refiere a la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Velasco cuestiona el propósito de esta entidad y su capacidad para operar efectivamente durante el plazo de 120 días estipulado para la elaboración del Plan de Inversiones, planteando interrogantes sobre su funcionalidad.
Además, el analista critica los incentivos que el proyecto propone para las empresas transnacionales. Considera que no se establecen requisitos explícitos en términos de inversión mínima, creación de empleo, transferencia de tecnología o retorno de divisas al país, lo que podría resultar perjudicial para la economía nacional.
Otro aspecto que genera dudas son las exenciones fiscales que se planean implementar, que incluyen beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como créditos tributarios aplicables al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Velasco advierte que estas medidas podrían disminuir los ingresos fiscales sin contar con estrategias adecuadas para compensar dicha pérdida.
Asimismo, el analista ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan repatriar utilidades y dividendos al exterior sin que la norma exija un nivel mínimo de reinversión en el país o mecanismos que aseguren el retorno de divisas generadas a partir de exportaciones.
Finalmente, Velasco plantea que el nuevo proyecto también podría afectar la participación de la Asamblea Legislativa en la aprobación de contratos de inversión. Según su interpretación, la ley permitiría al Ejecutivo ratificar contratos sin la supervisión adecuada del Legislativo, lo cual contraviene lo establecido en la Constitución sobre las atribuciones de la Asamblea.
Por último, el analista resaltó que permitir que el Gobierno financie programas de crédito y garantías con recursos públicos dirigidos al sector privado es una medida cuestionable, especialmente en un contexto de déficit fiscal como el que enfrenta el país actualmente.