miércoles 28 de octubre de 2026

Política

Crisis en la Fiscalía General: Abogados claman por una solución institucional

Abogados expresan su preocupación por la falta de institucionalidad en la Fiscalía General, tras la designación arbitraria de fiscales por parte de Roger Mariaca, quien enfrenta serias acusaciones.

Por Martín Carrasco · 1 de octubre de 2026

La Fiscalía General del Estado atraviesa una crisis notable, ya que se encuentra sin un titular definido. La detención del Fiscal General, Roger Mariaca, a raíz de denuncias vinculadas al narcotráfico, ha dejado al Ministerio Público en un estado de incertidumbre.

La ley establece claramente los procedimientos para la suplencia del Fiscal General, pero el caso de Mariaca no se ajusta a esos parámetros. La reciente auto-designación del fiscal superior Luis Montaño como nuevo Fiscal General ha generado confusión y ha sido rápidamente desmentida por el Gobierno.

A la fecha, no se han corroborado las razones de la ausencia de Mariaca, como un viaje, enfermedad o renuncia. Según el abogado Jaime Hurtado, cualquier suplencia debe ser comunicada formalmente al Órgano Legislativo, aunque se prevé que en breve se presenten motivos que justifiquen la situación actual.

La falta de un proceso claro en la designación de fiscales ha sido objeto de críticas. Tanto el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, como el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Ariel Coronado, han manifestado su descontento con la reiterada práctica de nombramientos arbitrarios por parte de Mariaca, siguiendo un patrón que sus predecesores también adoptaron.

"No puede ser que más de diez años no tengamos fiscales departamentales elegidos en base a una convocatoria pública".

Yáñez ha calificado la situación como un "obsceno nivel de desinstitucionalización del Ministerio Público", lo que resalta la urgencia de abordar esta problemática y restablecer la confianza en la Fiscalía General.

El futuro del Ministerio Público depende de la adopción de medidas que aseguren una selección transparente y meritocrática de sus autoridades, en lugar de depender de decisiones unilaterales que afectan su credibilidad y funcionamiento.