Crítica a la noción de ‘justicia social’ en la economía boliviana
El reciente tuit del Ministerio de Economía sobre progreso hacia la ‘justicia social’ provoca un análisis crítico sobre la realidad económica del país, que sigue enfrentando serios problemas.
El 6 de septiembre, el Ministerio de Economía emitió un tuit donde afirmaba que “Bolivia avanza hacia la estabilidad económica con justicia social”. Aunque es común ignorar la propaganda oficialista, esta afirmación merece un examen más detallado debido a la disparidad con la realidad del país.
La situación económica en Bolivia es crítica. Las largas filas para obtener combustibles, la incertidumbre sobre el dólar, la ineficacia en las empresas estatales y la ausencia de inversión extranjera son solo algunas de las señales evidentes de que el país está lejos de avanzar. El déficit fiscal y los escándalos de corrupción también son problemas persistentes que el gobierno no ha sabido resolver.
La insistencia del gobierno en el concepto de ‘justicia social’ no es un simple error comunicacional; refleja una intención más profunda en su enfoque político. Para un gobierno que se aferra a este principio, salir del subdesarrollo es una tarea casi imposible.
El concepto de justicia debería ser imparcial y objetiva. No puede ser clasificada o adjetivada. La verdadera justicia se fundamenta en los hechos y en la evaluación equitativa de las circunstancias. Si un juez aplica criterios distintos dependiendo del contexto social de los involucrados, se corre el riesgo de socavar el sistema legal y generar desigualdad.
Adoptar la ‘justicia social’ implica crear diferentes categorías de justicia, lo que puede resultar en un trato desigual ante la ley. Procesos que deberían ser claros y justos, se vuelven complicados cuando se priorizan objetivos sociales sobre la objetividad. Esto no solo desincentiva el esfuerzo individual, sino que también puede llevar a la fragmentación social.
La noción de un sistema que redistribuye ingresos de manera forzada, en vez de hacerlo de manera voluntaria, es injusta y perjudicial. Implica que aquellos que tienen menos recibirán más, no por mérito sino por su situación. Este enfoque puede llevar a un ciclo vicioso donde la producción y la innovación se ven comprometidas.
Por último, vincular políticas públicas a la ‘justicia social’ puede insinuar un retorno a modelos económicos fallidos como el Socialismo del Siglo XXI, poniendo en duda el futuro de Bolivia en su búsqueda de desarrollo y estabilidad.