Defensores de Marset solicitan anulación de incautación de cuentas de criptomonedas en El Salvador
La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha presentado una moción en Estados Unidos para revertir la confiscación de sus cuentas de criptomonedas, argumentando que la justificación utilizada por la Fiscalía no corresponde al delito investigado.
Sebastián Marset permanece en Estados Unidos a la espera de su juicio tras ser detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. Recientemente, sus abogados solicitaron a un tribunal estadounidense que dejara sin efecto la incautación de cuatro cuentas de criptomonedas atribuidas al narcotraficante uruguayo.
El equipo legal, compuesto por Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King, con la colaboración del abogado uruguayo Santiago Moratorio, sostiene que la Fiscalía utilizó una justificación errónea para la incautación, ya que las cuentas se encontraban fuera de la jurisdicción estadounidense.
En el documento presentado, se menciona que las cuentas estaban bajo la administración de Tether, una empresa ubicada en El Salvador. La defensa argumenta que un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) obtuvo una orden de incautación el 23 de abril, basándose en una acusación de narcoterrorismo, aunque la investigación original se refería a una presunta conspiración de lavado de activos.
La defensa alega que la discrepancia entre las acusaciones constituye un error significativo, argumentando que la causa para la incautación no estaba ligada al delito que realmente se investigaba. Además, citan la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece requisitos para la incautación de bienes.
Los abogados también cuestionan la validez de la jurisdicción sobre las cuentas, ya que la orden judicial no especifica dónde están ubicadas y no justifica la intervención de la justicia estadounidense sobre activos de una empresa extranjera. Señalan que la solicitud carece de información sobre la localización de los servidores de Tether.
La defensa hace referencia a la Regla 41 de las normas federales de procedimiento penal, que establece límites en la jurisdicción para órdenes de incautación, salvo en casos relacionados con terrorismo. Sin embargo, argumentan que las excepciones no fueron justificadas en este caso.
A pesar de los cuestionamientos, los documentos presentados por las autoridades describen a Marset como un narcotraficante transnacional, vinculado a Federico Santoro Vasallo, quien sería el encargado de lavar dinero para su organización. No obstante, la defensa destaca que no se mencionan actividades terroristas en los informes utilizados para fundamentar la incautación.
El tribunal estadounidense ahora revisará la solicitud de la defensa para determinar si se cumplieron los requisitos legales necesarios para la incautación de los activos y si existía un fundamento jurídico para ejercer jurisdicción sobre cuentas de criptomonedas fuera del país.
El desarrollo de este caso y la decisión del tribunal tendrán implicaciones significativas no solo para Marset, sino también para futuras incautaciones de activos en el ámbito del narcotráfico y la jurisdicción de las autoridades estadounidenses.