El Decreto Supremo 5693 y su impacto en el sistema financiero boliviano
El reciente Decreto Supremo 5693, promulgado por el Gobierno, permite el uso temporal del Fondo del 6% para fortalecer la solvencia de entidades financieras, lo que genera inquietudes sobre la salud del sistema bancario.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha emitido el Decreto Supremo 5693, el cual introduce medidas excepcionales y temporales dirigidas a entidades financieras que enfrentan dificultades para mantener sus niveles mínimos de solvencia hasta el 31 de julio de 2026. Esta norma busca prevenir un deterioro mayor en el sector y asegurar la continuidad de los servicios financieros.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta disposición es la utilización temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, que fue establecido en 2026 con recursos provenientes del 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y PYME. Este fondo fue creado para facilitar el acceso a financiamiento, especialmente en lo que respecta a créditos para vivienda social y proyectos productivos.
Con el nuevo decreto, se autoriza al fondo a emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para aquellas entidades que presenten problemas de solvencia. Estos certificados tendrán una duración máxima de 90 días, lo que implica que recursos destinados a garantizar el acceso al crédito se redirigirán temporalmente para fortalecer el patrimonio de los bancos.
Este cambio de uso del fondo suscita un debate crucial sobre la gravedad de la situación que enfrenta el sistema financiero. Aunque la norma no certifica la existencia de una crisis bancaria sistémica, plantea interrogantes sobre la salud real del sector financiero y si efectivamente los recursos estarán destinados a cubrir créditos incobrables.
El impacto de esta decisión se extiende más allá de lo financiero, afectando a la población. Los fondos que originalmente estaban destinados a facilitar el acceso a vivienda y créditos productivos ahora podrían ser utilizados para sostener el patrimonio de los bancos, lo que genera una profunda inquietud entre los ciudadanos.
La pregunta que surge es contundente: ¿el Gobierno busca salvaguardar el sistema financiero para evitar una crisis más profunda, o está sacrificando recursos que deberían destinarse a vivienda y producción para resolver problemas de solvencia en los bancos?