El dilema entre prioridades en Bolivia
En medio de la tensión entre gobernabilidad y demandas sociales, se hace necesario discutir el rumbo económico del país y el papel de Santa Cruz en la producción nacional.
En la actualidad, somos testigos de una encrucijada que pone de manifiesto algunas urgencias, especialmente en el contexto de la gobernabilidad y el funcionamiento de lo público frente a las exigencias privadas y sociales que permanecen insatisfechas. Es esencial encontrar un rumbo claro para el desarrollo económico boliviano, en especial considerando la capacidad productiva extractiva de Santa Cruz, que ha sido objeto de críticas e ironías.
La reciente publicación de "Santa Cruz $.A." busca cuestionar el mito de la productividad de esta región, que se ha convertido en uno de los pocos motores de excedente económico en el país. Ignorar esta discusión sería un error, ya que necesitamos una narrativa que nos permita entender y analizar el contexto más amplio de América Latina, evitando que la situación mundial nos abrume.
En este marco, el debate sobre el Pacto Fiscal y la distribución equitativa de recursos es crucial, especialmente en un periodo en que se han elegido nuevas autoridades. Sin embargo, algunos intentan desviar la atención del centralismo hacia temas como la injusticia social y la exclusión que surgen del desarrollo económico, lo que representa un desafío para quienes trabajamos en las comunidades.
Es fundamental reconocer que, a pesar de nuestras críticas a un modelo de desarrollo que no fomenta la sostenibilidad, es necesario realizar ajustes que nos permitan avanzar hacia un modelo de competitividad inclusiva, como lo que se está promoviendo en Santa Cruz. Esto no solo es aplicable a esta región, sino que puede ser replicado en otros departamentos de Bolivia.
Además de lo económico, debemos atender la realidad poblacional y territorial marcada por los resultados del Censo. Si, hipotéticamente, la población de Bolivia se concentrara en Santa Cruz, este departamento tendría solo 30 habitantes por kilómetro cuadrado; una cifra que contrasta con la densidad poblacional de países como El Salvador, donde hay 300 habitantes por km2.
La proyección para el Censo de 2034, donde se estima que el 90% de la población vivirá en áreas urbanas, plantea una inquietante pregunta sobre el futuro del territorio nacional, que podría quedar con vastas áreas deshabitadas. Esto podría llevar a situaciones críticas como la contaminación de ríos y otras problemáticas graves.
Por último, es esencial abordar el debilitamiento de los instrumentos democráticos que rigen nuestra vida social. Surge la necesidad de discutir sobre el papel de los partidos políticos y la cualificación de sus líderes para enfrentar estos desafíos, lo que es vital para la salud de nuestra democracia.