El fallo judicial sobre Soboce plantea serias interrogantes sobre el derecho
Enrique Varsi, catedrático de Derecho Civil, aborda la reciente decisión judicial que obliga a Soboce a pagar una millonaria indemnización a Fancesa, advirtiendo sobre las implicaciones legales y éticas de esta medida.
El abogado Enrique Varsi Rospigliosi, con una sólida trayectoria en Derecho Civil y cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, ha analizado el conflicto judicial entre la empresa cementera Fancesa y su contraparte Soboce, perteneciente al Grupo Gloria de Perú. Su opinión sobre el reciente fallo que exige a Soboce el pago de 744 millones de bolivianos despierta preocupaciones en el ámbito jurídico.
En su análisis, Varsi manifiesta que la decisión de un juez que intenta ejecutar una sentencia mientras aún hay recursos legales pendientes es problemática. Destaca que la base de la sentencia presenta un "vicio de origen" que había llevado a su anulación previa por parte de la justicia constitucional. Denuncia que la figura del "daño al proyecto de vida" no puede aplicarse a una entidad comercial, ya que este derecho es exclusivo de las personas naturales.
Asegura que el uso de este concepto jurídico para justificar una indemnización a Soboce desvirtúa tanto el derecho civil como el constitucional. Varsi sostiene que las empresas son entidades legales sin emociones y no pueden tener un "proyecto de vida" como las personas, lo que pone en tela de juicio la razonabilidad del fallo.
El jurista también cuestiona por qué el Tribunal Supremo de Justicia mantuvo la millonaria sanción a pesar de que se anuló el fundamento del "daño al proyecto de vida". Varsi recalca que la indemnización debe basarse en un nexo causal claro entre el hecho y el daño, y mantener el importe de la sanción sin el fundamento jurídico correspondiente se presenta como un acto de arbitrariedad.
Si se lleva a cabo la ejecución de la sentencia en el plazo estipulado, advierte Varsi, esto podría provocar un grave desajuste entre el sistema judicial ordinario y el constitucional. Esto no solo afectaría a las partes involucradas, sino que también podría generar un precedente negativo para la credibilidad del sistema jurídico en Bolivia.
Finalmente, el abogado enfatiza que si el caso llega a instancias internacionales, podría transformarse en un problema para el Estado boliviano debido a la vulneración del debido proceso. Sostiene que un fallo que obliga el pago de una suma tan elevada, sustentado en un concepto jurídico insostenible, podría traer consecuencias desfavorables para el país en el ámbito internacional.