El FMI y su impacto en la economía boliviana: Ajustes necesarios antes de la recuperación
Bolivia se compromete a eliminar las subvenciones a los combustibles a partir de enero de 2027, en un acuerdo con el FMI que busca fortalecer la economía, pero anticipa un ajuste en medio de la recesión.
El acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como objetivo aliviar la falta de divisas en Bolivia y recuperar la confianza en la economía. Sin embargo, incluye una cláusula que compromete al Gobierno a retirar la subvención a los combustibles a partir de enero de 2027, lo que podría afectar a transportistas, familias y productores.
Este compromiso es parte de un programa que ofrecerá al país 1.900 millones de dólares, lo que podría fortalecer las reservas y mitigar la presión sobre el dólar. No obstante, la implementación de estos cambios se anticipa en un contexto de recesión económica, antes de que se prevé una recuperación en 2028.
Detalles del acuerdo y sus implicaciones
Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, el Presupuesto General del Estado para 2027 no podrá destinar recursos a la subvención de combustibles, que permanecerán congelados hasta diciembre de este año. Después, los precios deberán ajustarse de acuerdo a una fórmula que contemple el tipo de cambio y los costos de importación y comercialización.
La magnitud del ajuste en los precios de los combustibles aún no se ha determinado, y tampoco si se implementará de manera gradual o inmediata. Este cambio, aunque aliviará la presión sobre las finanzas estatales, podría repercutir en el transporte, la producción y el costo de los alimentos.
"Yo no veo otra solución de que se levante el subsidio"
Marcelo Trigo, expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, señala que, aunque la eliminación de la subvención es necesaria, debe ir acompañada de ayudas directas a los hogares más vulnerables. Sin embargo, alerta sobre la urgencia del tiempo: el subsidio se eliminará en enero, mientras que el nuevo sistema de registro social para beneficiarios no estará listo hasta marzo de 2027.
Trigo también destaca que los recursos del FMI no solo son cruciales en términos financieros, sino que su respaldo puede restaurar la confianza de otros acreedores y facilitar el acceso a nuevos créditos, estimando que esto podría significar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares adicionales.
El acuerdo requiere un ajuste fiscal significativo, con el objetivo de reducir el déficit fiscal al 3,5% del PIB para el final del programa en 2029. Esto implica restricciones en el gasto estatal, limitaciones en nuevas contrataciones y la necesidad de cancelar proyectos de inversión no prioritarios.
Finalmente, aunque el acuerdo con el FMI puede proporcionar el oxígeno que Bolivia necesita, el desafío radica en implementar los ajustes sin que esto afecte de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. El camino hacia la estabilidad económica requerirá una gestión cuidadosa para evitar que el ajuste frene la actividad productiva.