El GAMT se involucra en el caso de un funcionario denunciado por concusión
El alcalde Jhonny Torres anunció que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija participará en el proceso penal contra un funcionario señalado de realizar cobros irregulares, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Este lunes, el alcalde de Tarija, Jhonny Torres Terzo, comunicó que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) se constituirá como parte interesada en el proceso penal que se sigue contra el funcionario Adrián I., quien enfrenta acusaciones de cobros ilegales. En días recientes, este individuo recibió medidas sustitutivas que le permiten continuar en libertad a la espera de que finalicen las indagaciones.
La Fiscalía ha tipificado el presunto delito como concusión, lo que implica que un funcionario público utiliza su posición para obtener beneficios personales de manera indebida.
La denuncia contra el funcionario fue presentada el pasado jueves en la mañana ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que posteriormente notificó al Ministerio Público. Tras la orden de aprehensión, el funcionario fue arrestado por la tarde y llevado a las celdas policiales. Una vez formalizada la imputación, se programó una audiencia cautelar, la cual se llevó a cabo de manera virtual, resultando en la disposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva.
El alcalde Torres expresó su disposición a colaborar en la investigación. "He dado instrucciones para que se apoye en la causa y que la Alcaldía se convierta en parte del proceso. Se están activando todas las acciones administrativas necesarias. La Unidad de Transparencia está disponible para recibir cualquier denuncia que contribuya a las indagaciones", afirmó el alcalde.
Luego de la apertura del caso, el funcionario fue suspendido sin remuneración. Torres destacó que no se puede proceder a su desvinculación inmediata, ya que esto podría vulnerar su derecho a la defensa.
La investigación tiene como objetivo esclarecer las denuncias que señalan al funcionario por presuntamente cobrar en efectivo y a través de códigos QR a propietarios de negocios, con el fin de evitar multas y notificaciones.