FAM solicita la derogación del decreto sobre el precio del diésel

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) ha exigido al Gobierno que se revoque el Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores. Esta solicitud fue presentada por el presidente de la FAM, Johnny Torres, durante una reunión con el Gobierno encabezada por el presidente Rodrigo Paz.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, respondió a esta solicitud afirmando que el decreto es un requerimiento impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Aramayo, la liberación del precio de los hidrocarburos es crucial ya que el Estado no puede seguir financiando un componente que ha estado marcado por la corrupción.

Torres, al presentar esta demanda, lo hizo como parte de una agenda más amplia que incluye otros cinco puntos de preocupación municipal. La FAM argumenta que la normativa podría ocasionar un aumento en los costos de producción, lo que a su vez impactaría negativamente en los consumidores.

Organizaciones de productores de Santa Cruz y otras regiones también han manifestado su rechazo a la medida, estableciendo un plazo hasta el domingo para su derogación. En caso de que el decreto no sea revocado, estas agrupaciones amenazan con convocar una Asamblea de la Cruceñidad para decidir las acciones a seguir.

Durante la reunión, Aramayo advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa el país, calificándola de "asfixia fiscal". Propuso que la discusión sobre las autonomías se centre en la sostenibilidad fiscal y la asignación eficiente de recursos, en lugar de simplemente debatir la distribución de ingresos.

"No nos vamos a poner a distribuir pobreza", enfatizó Aramayo al referirse a la necesidad de buscar mecanismos que generen riqueza en lugar de limitarse a repartir recursos.