Fancesa emprende acción legal para recuperar deuda de Bs 744 millones

La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) ha decidido iniciar un proceso de ejecución coactiva para reclamar el monto de 744.315.432 bolivianos a la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) debido a un caso de competencia desleal. Este procedimiento se pone en marcha luego de que Soboce no cumpliera con el plazo de 20 días establecido para abonar la deuda, que venció el pasado viernes.

El abogado Paúl Tolavi, representante legal de Fancesa, afirmó que a partir de este martes no existen obstáculos legales que frenen el proceso de cobro, a pesar de la demanda presentada por Soboce ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

Tolavi explicó que, aunque Soboce notificó al juez sobre su demanda internacional, la autoridad no ha tomado decisiones al respecto y solo se ha limitado a informar a las partes involucradas. Por ende, Fancesa planea solicitar al juez que continúe con el proceso de ejecución coactiva.

El abogado aclaró que el TJCA no tiene competencia sobre este litigio, dado que se trata de una disputa entre entidades bolivianas. Resaltó que Soboce es una persona jurídica nacional y, por lo tanto, debe regirse por la legislación boliviana. "No puede demandar trato discriminatorio en razón de su nacionalidad", afirmó.

Cuestionamiento al concepto de 'proyecto de vida'

Referente al concepto de "proyecto de vida", que Soboce ha cuestionado, Tolavi mencionó que el Auto Supremo 1190 establece que no se está otorgando un resarcimiento civil como si se tratara de una persona física. Este concepto es aplicable únicamente a individuos, no a entidades comerciales.

Soboce, en un comunicado anterior, advirtió que si se ejecuta la sentencia, Bolivia se convertiría en el primer país en aplicar el concepto de daño al proyecto de vida para indemnizar a una sociedad, lo que podría generar inseguridad jurídica y obstaculizar la inversión extranjera.

Tolavi, en defensa de Fancesa, argumentó que el daño extrapatrimonial reclamado se relaciona con los ciudadanos de Chuquisaca, señalando que el perjuicio a la cementera afecta a la comunidad en su conjunto.

En relación a la posibilidad de una negociación, Tolavi indicó que esa decisión está en manos de los copropietarios de Fancesa, expresando que la compañía siempre debería estar abierta al diálogo si se presenta una oportunidad con la contraparte.

El Juzgado Público Civil y Comercial 11° de Sucre ya había ordenado a Soboce en septiembre pasado el pago de la deuda en un plazo de 20 días, proceso que se inició en 2009 tras la denuncia de Fancesa por competencia desleal. La sentencia fue confirmada en 2023 y 2024, y el Tribunal Supremo de Justicia cerró el caso con el Auto Supremo 1029/2026.

Sin embargo, Tolavi reconoció que aún hay trámites pendientes, como un amparo constitucional y un recurso de queja que no han sido resueltos. Aun así, consideró que las posibilidades de que el Tribunal Andino se pronuncie de manera vinculante son nulas.

Por su parte, Soboce ha manifestado que buscará todas las instancias necesarias para revertir esta situación, alegando que enfrentan un intento de asfixia financiera y que el monto que se les exige no se justifica.

Ricardo Barrientos, gerente de Soboce, argumentó que no existe competencia desleal y que el concepto de daño al proyecto de vida es inaplicable a las empresas. Además, mencionó la deuda que el Estado tiene con Soboce por la expropiación de acciones, que debía ser saldada en un plazo de seis meses, pero ha permanecido sin pago durante más de 16 años.

Barrientos finalizó expresando que defender a Soboce es proteger el empleo boliviano y la inversión en el país, reafirmando su compromiso de agotar todas las instancias legales posibles para defender su causa.