Gobernación de Tarija traza estrategia ante crisis fiscal
Luego de la reciente reunión de gobernadores, Tarija establece un plan de acción para negociar con el Gobierno nacional soluciones que incluyan alivio financiero y ajustes estructurales para el presupuesto del 2027.
La agenda acordada en la reunión de gobernadores en Santa Cruz, realizada la semana pasada, pone en primer plano la necesidad de que Tarija comience a ejecutar su plan de acción desde esta semana. La situación actual es crítica, ya que la Gobernación está lidiando con el aumento del precio del diésel, la fluctuación de ingresos relacionados con hidrocarburos y la limitación de recursos en un contexto de gasto elevado debido a las competencias departamentales.
La Gobernación, liderada por María René Soruco, se enfrenta al reto de transformar los acuerdos políticos alcanzados en medidas efectivas antes del 31 de octubre. El equipo técnico y político de Soruco, con Esteban Ortuño a cargo de aspectos legales y Fernando Romero en temas económicos, se muestra confiado en llevar adelante esta tarea.
Desafíos inmediatos por el aumento del diésel
El incremento del precio del diésel, establecido por el Decreto Supremo 5716 a Bs 17,95 por litro, ha desajustado los presupuestos departamentales. La Gobernación argumenta que este aumento repercute negativamente en actividades fundamentales como el mantenimiento de carreteras y la operación de servicios de salud, que dependen del combustible.
Por tal motivo, se prevé solicitar al Gobierno una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación para compensar la diferencia entre el precio presupuestado y el costo real del diésel. Además, Tarija busca que los costos actualizados del combustible se reflejen en los techos presupuestarios del próximo PGE 2027.
Estrategia a largo plazo para la recuperación de ingresos
Otro aspecto importante de la hoja de ruta es la necesidad de una reestructuración en la distribución de los ingresos tributarios. Tarija apoya la propuesta para que los departamentos obtengan un 15% de coparticipación tributaria, sin afectar la asignación de recursos a municipios y universidades. Actualmente, el departamento enfrenta una drástica reducción de sus ingresos, de Bs 164 millones mensuales a solo Bs 23 millones.
Asimismo, se contempla la recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la necesidad de abrogar la Ley 767 para recuperar los saldos acumulados del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH). Esta demanda es especialmente significativa para Tarija, que históricamente ha sido un importante productor de hidrocarburos, pero que ahora enfrenta un descenso en la producción y las transferencias.
Finalmente, para afrontar la situación financiera actual, la Gobernación debe activar dos instrumentos clave: el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT) y el Fagobol. Ambos mecanismos son esenciales para abordar el problema de la deuda y la falta de liquidez, asegurando al mismo tiempo que el alivio financiero no se confunda con la necesidad de establecer fuentes permanentes de ingresos.
La hoja de ruta de Tarija abarca varias etapas: en primer lugar, obtener respuestas rápidas sobre el impacto del aumento del diésel; en segundo lugar, activar los mecanismos financieros necesarios; y, por último, negociar una nueva distribución de ingresos para garantizar la sostenibilidad del departamento en el futuro.
Con el 31 de octubre como fecha límite para la primera evaluación, la Gobernación se prepara para una intensa negociación que definirá cómo financiar un departamento que, aunque ya no recibe los recursos de la época del gas, sigue obligado a prestar servicios esenciales a su población.