Gobierno evalúa recortes en subvenciones bajo acuerdo con el FMI
El Ejecutivo de Rodrigo Paz contempla ajustar las subvenciones estatales, incluyendo el subsidio a combustibles, en cumplimiento de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, está planteando la posibilidad de reducir diversas subvenciones estatales. Esta medida se inscribe dentro de los términos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye la eliminación del subsidio a los combustibles.
El acuerdo, que busca una disminución progresiva de las subvenciones y del gasto público, se orienta a corregir el déficit fiscal del sector público, considerado uno de los grandes desafíos de la economía nacional. Se espera que este ajuste fiscal se traduzca en una reducción equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2026 y 2029.
Impacto en el sector energético y otros rubros
Uno de los aspectos más críticos del acuerdo es el tratamiento de los combustibles. Aunque los precios internos se mantendrán estables durante 2026, a partir de enero de 2027 se prevé que se empiecen a ajustar hacia niveles que reflejen los costos reales, y el Presupuesto General del Estado no incluirá recursos para subsidiarlos.
Sin embargo, la revisión se extiende más allá de los combustibles. El plan incluye la eliminación progresiva de controles de precios, que abarcan tanto alimentos como energía, así como la racionalización de la inversión pública y la reestructuración de empresas estatales con problemas financieros.
El Gobierno sostiene que estas iniciativas forman parte de un programa de estabilización de las finanzas públicas con una duración de 36 meses. El acuerdo con el FMI contempla un financiamiento de aproximadamente 1.900 millones de dólares estadounidenses y también busca catalizar financiamiento adicional de entidades como el BID y la CAF.
No obstante, la implementación de estos ajustes ha generado inquietud entre la población. A medida que se busca reducir las subvenciones, los costos derivados de energía y otros servicios podrían trasladarse en mayor medida a las familias y empresas, lo que podría afectar el bolsillo de los ciudadanos bolivianos.