Gobiernos regionales y el Ministerio de Economía abogan por un cambio en el modelo centralista
Durante una reciente reunión técnica en Sucre, se estableció un acuerdo entre el Gobierno y siete gobernaciones sobre la necesidad de revisar y modificar las normativas que han limitado la autonomía regional en Bolivia.
El consenso alcanzado entre el Ministerio de Economía y las gobernaciones subraya la importancia de desmantelar el marco legal que ha perpetuado el centralismo en el país. José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, describió el actual sistema regulatorio como una acumulación de normativas que han restringido el uso libre del presupuesto por parte de las regiones.
En la reunión técnica, se enfatizó la urgencia de revisar, modificar o incluso derogar las leyes y decretos que han limitado la autonomía de las alcaldías y gobernaciones, especialmente en lo que respecta a la condicionalidad del gasto. Esta práctica ha obligado a los departamentos a utilizar sus propios recursos para financiar bonos y prediarios, un hecho que, según las autoridades, socava su autonomía.
El Gobierno nacional, al avanzar en la creación de propuestas legislativas, busca eliminar estas restricciones de manera gradual. Espinoza destacó que el objetivo de la descentralización es fomentar un desarrollo que comience desde las regiones, alineándose con el compromiso del Ejecutivo de impulsar el crecimiento regional.
Se planteó que la Ley de Autonomías debería ser revisada, ya que actualmente impone límites en vez de incentivar el desarrollo de las regiones. En este sentido, se identificaron alrededor de 130 normativas que han afectado negativamente la gestión de ingresos en las alcaldías y gobernaciones.
Tanto el Ministerio de Economía como el Viceministerio de Autonomías coincidieron en que el modelo conocido como “50-50” debe implementarse a través de un proceso organizado, en lugar de ser una decisión política aislada. Se aspira a que cada región tenga la capacidad de construir su propio espacio de libertad y autonomía.
La meta final de este proceso de descentralización es evitar que la burocracia, ya sea a nivel central o regional, consuma los recursos del Estado. Espinoza mencionó que el enfoque del “50-50” busca establecer una relación más eficiente entre los distintos niveles de gobierno, asegurando que los recursos se traduzcan en servicios de calidad para la población.
Liberar a las regiones de las ataduras del centralismo permitirá que respondan con mayor eficiencia a las crisis financieras que han arrastrado desde gestiones anteriores.