Inicia el Bono PEPE II: un apoyo financiero bimensual de Bs 250
Desde noviembre de 2026, el Bono PEPE II brindará un apoyo económico de Bs 250 cada dos meses a diversos sectores vulnerables durante seis meses.
El nuevo Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) comenzará a aplicarse en noviembre de 2026, ofreciendo una transferencia económica de Bs 250 cada dos meses. Este beneficio se extenderá hasta abril de 2027, según lo estipulado en el Decreto Supremo 5713.
Esta iniciativa es parte de un conjunto de medidas implementadas por el Gobierno tras la eliminación de la subvención al diésel, y busca compensar a los sectores más afectados por esta decisión.
El monto total del bono alcanzará hasta Bs 750 por beneficiario, ya que contempla un total de tres pagos bimensuales a lo largo de su vigencia.
Grupos beneficiarios del bono PEPE II.
- Mujeres gestantes registradas en el Bono Madre Niño-Niña 'Juana Azurduy' entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.
- Personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia hasta el 31 de agosto de 2026.
- Personas con discapacidad grave o muy grave registradas.
- Adultos mayores que reciben la Renta Universal de Vejez-Renta Dignidad, sin pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo.
- Padres o tutores de alumnos menores en instituciones educativas fiscales y de convenio.
- Niños, niñas y adolescentes de centros de acogida, casas cunas y centros penitenciarios.
Sin embargo, se excluye a quienes reciban ciertos ingresos o pensiones de la seguridad social, así como aquellos registrados como asegurados dependientes, consultores, cooperativistas mineros, entre otros con aportes a la seguridad social hasta el 31 de agosto de 2026, a excepción de los asegurados independientes.
Los pagos del PEPE II se realizarán mediante abono en cuentas unipersonales, en ventanillas de entidades bancarias públicas y sus corresponsales, o a través de billeteras móviles de estas entidades.
El Ministerio de Economía será responsable de la creación del padrón de beneficiarios, utilizando información de diversas entidades, y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo deberá asegurar la consistencia y veracidad de los datos antes de la implementación de los pagos.