Intervención de YPFB por 180 días busca mejorar la logística de combustibles
El Gobierno ha decidido intervenir temporalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para abordar problemas en su gestión y garantizar la correcta distribución de carburantes.
La administración nacional ha establecido una intervención por un máximo de 180 días en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como respuesta a las insatisfactorias operaciones de la empresa. Esta decisión se formaliza a través del Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, que tiene como fin mejorar la cadena de importación y distribución de combustibles.
Dicha intervención estará bajo la supervisión de una Comisión Estatal Extraordinaria, la cual será responsable de monitorear la gestión de YPFB durante el tiempo de la intervención. Esta comisión se podrá extender una vez, por un período de hasta 90 días, si continúan las razones que justificaron esta medida. Además, podría finalizar antes del término establecido si se logran resolver las deficiencias identificadas.
La intervención fue fundamentada en las "deficiencias en los procesos de importación y distribución de carburantes", las cuales representan riesgos para el interés público y la seguridad energética del país. Aclarando que esta intervención no busca disolver YPFB ni cambiar su estructura institucional.
Composición y funciones de la Comisión
La Comisión de Intervención estará compuesta por ministros o representantes de varias carteras, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, y un Viceministro de Transparencia. Su misión principal será la mejora en áreas críticas como la comercialización y la trazabilidad de los combustibles.
Entre sus tareas, la comisión deberá recomendar auditorías técnicas y analizar la cadena logística para descubrir irregulares como el contrabando y el desvío de productos. También podrá sugerir la inclusión de expertos y solicitar la colaboración de entidades de control para mejorar la situación de YPFB.
La intervención conllevará la revisión de todos los procesos vinculados al suministro de combustibles, incluyendo su importación, transporte y comercialización. La comisión también tiene la potestad de recomendar cambios en la plantilla de personal si lo considera necesario.
Finalmente, el decreto estipula que la intervención no requerirá financiamiento adicional del Tesoro General, ya que todos los costos serán cubiertos por los presupuestos de las instituciones que conforman la comisión.