La Alcaldía de Sucre exige la recuperación del Mercado Campesino a la Futpoch
El conflicto por la administración del Mercado Campesino se intensifica tras el ultimátum emitido por la alcaldía, que la Federación Única denuncia como una violación a sus derechos.
La disputa por la gestión del Mercado Campesino en Sucre se ha recrudecido, luego de que la Alcaldía local emitiera un ultimátum a la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) para recuperar el control del espacio. En respuesta, la organización campesina ha argumentado que esta medida vulnera sus derechos y ha manifestado su intención de seguir todas las instancias legales para defender su posición.
La alcaldesa Fátima Tardío justificó la acción de la Alcaldía, afirmando que el mercado es un bien municipal y que la administración actual por parte de la Futpoch carece de base legal. Según la autoridad, el inmueble fue otorgado en comodato hace alrededor de 25 años, sin que se haya realizado una transferencia formal de dominio a la organización.
Tardío señaló que, durante el proceso administrativo para recuperar el inmueble, la Futpoch no logró demostrar legalmente sus derechos sobre el Mercado Campesino. A través de una resolución administrativa emitida el 21 de julio, la Alcaldía notificó a la Futpoch para que desaloje las oficinas en un plazo de diez días hábiles, advirtiendo que de no cumplir, se solicitará el apoyo de la fuerza pública para hacer efectivo el desalojo.
En un pronunciamiento posterior, el dirigente de la Futpoch, Julián Romero, expresó la postura de la organización, mencionando que se están vulnerando principios fundamentales como el debido proceso y la jerarquía normativa. Reiteró que la controversia debería resolverse conforme a la Constitución y la legislación vigente, haciendo hincapié en el respeto a los derechos adquiridos.
Por otro lado, Santiago Flores, presidente del Consejo Departamental de Desarrollo y Abastecimiento (CADA), defendió la administración actual del mercado, señalando que está respaldada por varios decretos supremos de los años 1981, 1984, 1986, 2000 y 2001, además de la Ley 3508 de 2006. Flores destacó que la gestión de la organización campesina constituye una conquista social, fruto de luchas históricas, marchas y la inversión de recursos tanto del Estado como de las propias organizaciones campesinas.