La ampliación del Estado de excepción podría frenar las reformas constitucionales
La posibilidad de extender el Estado de excepción en Bolivia genera un dilema legal, ya que impide la modificación de la Constitución mientras esté vigente. Esto afectaría los proyectos propuestos por diversas fuerzas políticas.
La posible ampliación del Estado de excepción en el país presenta un dilema significativo, ya que la legislación actual prohíbe la tramitación de reformas parciales a la Constitución mientras esta medida esté en curso.
Si se decide prorrogar el Estado de excepción, se vería obligada a postergar la discusión de varias iniciativas de cambio constitucional que han sido promovidas por agrupaciones como Libre y Unidad Nacional. Esta situación fue subrayada por Jorge Tuto Quiroga, líder de la alianza Libre.
Extender esta medida por tres meses adicionales implicaría sumar un nuevo retraso a los diez meses ya perdidos sin avanzar en los cambios constitucionales indispensables.
Quiroga señaló que considera el Estado de excepción como un mecanismo ineficaz y que la responsabilidad final recae en el Órgano Ejecutivo. La vigencia de esta medida concluye el 20 de septiembre.
En respuesta a esta situación, el presidente Rodrigo Paz ha convocado a líderes políticos, incluyendo a Quiroga y Samuel Doria Medina, para abordar cuatro temas urgentes, tales como las reformas constitucionales, las leyes estructurales y la subvención de combustibles.
Desde el ámbito legislativo, el diputado Marcelo Solís destacó que el decreto presidencial de ampliación debe ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate y requiere una aprobación por mayoría absoluta.
Solís también manifestó que, antes de que se vote sobre la prórroga, el Ejecutivo debe presentar un informe que evalúe los efectos y resultados de los primeros 90 días de la medida, enfatizando que la pacificación del país es crucial para desbloquear la agenda económica.
La necesidad de lograr una paz social es fundamental, ya que la población ha mostrado su descontento ante la posibilidad de reactivación de conflictos sociales, tras haber padecido 53 días de bloqueos.