La controversia en torno a Sokol y los vínculos en la embajada de EE. UU.
La situación política se complica tras la aparición de fotografías del comandante de la Policía en la embajada estadounidense, en medio de denuncias y un creciente descontento social.
El comandante de la Policía, Mirko Sokol, fue retratado en la embajada de Estados Unidos, donde recibió felicitaciones del nuevo Encargado de Negocios, Erik Martini. Este encuentro se produce solo nueve días después de una publicación en la Secretaría de Estado que lo elogiaba por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico desde la llegada del presidente Rodrigo Paz al poder.
La situación se tornó más tensa tras el ataque a Nadia Beller, una destacada figura política, quien fue baleada a las afueras de un hotel. Posteriormente, su pareja, Fernando Cerimedo, fue detenido. Aunque su rol como "asesor principal" no está registrado oficialmente, su vinculación con el gobierno ha generado controversias, especialmente luego de que Paz lo mencionara sin aclarar su situación laboral.
Cerimedo ha sido vinculado a múltiples actividades en Estados Unidos y ha sido parte de diversas reuniones diplomáticas. Su relación con figuras de la campaña de Donald Trump y su involucramiento en empresas de comunicación están bajo investigación, lo que ha despertado sospechas sobre sus actividades en Bolivia.
El Ministerio Público, liderado por Roger Mariaca, ha iniciado investigaciones por enriquecimiento ilícito en relación con Cerimedo. Esta situación ha acentuado las presiones sobre el gobierno y ha llevado a varios sectores a exigir respuestas sobre posibles irregularidades.
Mientras tanto, el clima político se torna inestable. Diferentes bancadas políticas han discutido la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra figuras clave como María Elena Urquidi, intensificando la demanda de un cambio en la administración actual. Sin embargo, las reuniones entre los líderes de la oposición no se han concretado, en parte por el estado de salud de algunos.
La Constitución Política del Estado establece que, ante la renuncia del presidente, la sucesión pasa automáticamente al vicepresidente y, de ser necesario, al presidente del Senado. Esto limita las opciones a una salida política que podría requerir un referéndum que consulte al pueblo sobre la continuidad de las autoridades actuales.