La importancia de comprender el lenguaje del Estado
En el ámbito público, el conocimiento de términos técnicos es fundamental para la ciudadanía. Reflexionamos sobre la necesidad de acercar este lenguaje a la vida cotidiana.
En mi labor como periodista, a menudo me encuentro analizando términos que forman parte del discurso cotidiano, como «superávit» o «asfixia fiscal». Aunque estos conceptos son utilizados por autoridades y expertos con frecuencia, su significado profundo puede resultar ajeno para muchos, lo que plantea un reto: ¿cómo podemos hacer que este lenguaje sea accesible para quienes no están familiarizados con él?
Anthony Giddens ha señalado que nuestras sociedades dependen de sistemas de expertos cuyos mecanismos pueden ser complejos de entender. Las decisiones que afectan nuestras vidas a menudo están basadas en conocimientos técnicos que no siempre dominamos, lo que nos obliga a confiar en ellos sin comprensión total.
En el ejercicio del periodismo, he comprendido que informar no es simplemente repetir lo que se dice desde una autoridad, sino entender la relevancia de esos conceptos en nuestra vida diaria. El reto consiste en encontrar el vocabulario correcto y, antes que nada, en formular las preguntas adecuadas.
La responsabilidad del ciudadano ante la información pública.
Una pregunta que me persigue es: ¿qué sucede con nuestra responsabilidad de comprender? Es común demandar explicaciones a las autoridades, pero ¿qué pasa cuando el esfuerzo para informarnos sobre ciertos temas es mayor al que estamos dispuestos a invertir?
Anthony Downs introduce el concepto de ignorancia racional, señalando que informarse conlleva un costo en tiempo y esfuerzo. Muchas personas, al considerar que su capacidad para influir en decisiones políticas es limitada, optan por no dedicar tiempo a temas que consideran complicados.
El problema no radica en la falta de interés, sino en que al distanciarnos de los temas públicos dejamos de cuestionar cómo se toman las decisiones que impactan nuestras vidas. Si la mayoría no comprende el lenguaje de lo público, se corre el riesgo de perder la capacidad de cuestionar y exigir respuestas.
No es necesario dominar cada término técnico ni leer todos los documentos oficiales. Es importante no sucumbir al ‘no entiendo’. No saber es aceptable, pero asumir que no vale la pena saber es un error.
Hoy en día, la información se recibe a gran velocidad, a menudo en formatos breves como los que encontramos en redes sociales. Si bien esto facilita el acceso a los temas, frecuentemente queda una comprensión superficial. Compartir contenido sin contrastar la información puede llevar a una falta de entendimiento más profunda.
Por ello, traducir el lenguaje del Estado implica no solo simplificar, sino también conectar las decisiones públicas con la experiencia de la vida cotidiana, manteniendo la precisión necesaria. Las instituciones tienen la responsabilidad de comunicar claramente sus decisiones, mientras que quienes trabajamos en medios de comunicación debemos esforzarnos por entender a fondo antes de transmitir. Una ciudadanía activa que pregunta y analiza es esencial para que los asuntos públicos no queden en manos de unos pocos.
Afrontar la frase ‘no entiendo’ es un paso válido. Sin embargo, lo que resulta cómodo es permanecer en esa zona sin profundizar en las preguntas que realmente importan.
Temas y terminología compleja merecen ser revisados. La comprensión del ámbito público no debería ser un privilegio reservado, sino una tarea colectiva en la que todos participemos activamente en el proceso de conocimiento.