La necesidad de una nueva institucionalidad democrática en Bolivia
La construcción de un Estado democrático requiere la creación de instituciones sólidas que garanticen el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos ciudadanos, especialmente tras el colapso del modelo anterior.
Todo Estado tiene la obligación de establecer una institucionalidad adecuada que respalde su funcionamiento, más aún cuando se está gestando uno nuevo. Esta institucionalidad comprende un conjunto de normas, leyes y estructuras que regulan el comportamiento tanto de los ciudadanos como del poder, asegurando que las leyes prevalezcan sobre los intereses particulares.
En Bolivia, tras la caída del Estado plurinacional, es imperativo crear una nueva institucionalidad que dé inicio a un periodo democrático acorde al siglo XXI. Desde la promulgación de la Constitución en 2009, se esperaba que el país desarrollara instituciones capaces de sostener el Estado; sin embargo, se instauró un régimen autoritario que se alejó del ideal democrático, implementando acciones que ocultaron sus verdaderas intenciones.
El Tribunal Supremo Electoral fue concebido como un cuarto poder del Estado para gestionar distintos tipos de democracias, pero se ha convertido en un instrumento que ha menospreciado el voto popular y manipulado la voluntad del elector en las elecciones. Las autonomías territoriales e indígenas, que se habían constitucionalizado, en lugar de fortalecer las instituciones ancestrales y el pluralismo, han desencadenado una serie de acciones violentas que han traicionado las promesas de la Constitución.
La implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que buscaba reducir la pobreza y la desigualdad, no logró su objetivo, dando paso a una burocracia estatal ineficiente y corrupta. Empresas estatales como YPFB y Comibol, que antaño fueron pilares de la economía, ahora son ejemplos del despilfarro y el acceso indebido a los recursos públicos.
La falta de una institucionalidad verdadera ha favorecido el autoritarismo, permitiendo que la corrupción, la impunidad y la inestabilidad democrática se normalicen. Los conflictos sociales se han convertido en una vía para que los líderes corruptos obtengan beneficios, socavando aún más la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Así, la democracia ha sido erosionada, sumergiéndola en una crisis permanente.
Los desafíos actuales exigen la unidad de los actores políticos que realmente deseen construir una república moderna y estable, lo cual requiere superar el interés personal y enfocarse en las necesidades históricas del país. La construcción de instituciones sólidas es esencial para asegurar una democracia duradera; los conflictos y divisiones sociales no pueden ser el camino hacia un futuro pacífico.
El futuro de la democracia en Bolivia depende de la capacidad de sus líderes para trabajar en conjunto, enfrentando las dificultades y las tensiones con una visión clara hacia un propósito superior. La solución no puede ser responsabilidad de unos pocos; es un esfuerzo colectivo que demanda compromiso y valentía, incluso de aquellos que alguna vez fallaron.