La Procuraduría General se une a la acusación contra el exgobernador Urquizu

La Procuraduría General del Estado ha decidido integrarse al proceso penal iniciado contra el exgobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y su exsecretario general, Willmar Aguirre. Ambos están acusados de causar un presunto daño económico al Estado de 36 millones de bolivianos por la construcción del tramo Chamina – Tres Cruces, ubicado en el municipio de Yotala, que nunca fue entregado.

Daniel Barrientos, director departamental de la Procuraduría en Chuquisaca, informó que la institución tiene como objetivo la recuperación de los recursos comprometidos por el daño causado al Estado. Esta acción se enmarca dentro de un informe de la Contraloría General que señala un perjuicio de 36.676.000 bolivianos al departamento de Chuquisaca.

El gobernador Luis Ayllón había presentado una denuncia en mayo de este año ante la Fiscalía Departamental, haciendo referencia a lo que se ha denominado la “carretera fantasma”, que nunca se llevó a cabo a pesar de haber sido presupuestada.

Barrientos mencionó que los hechos en cuestión se remontan a 2013, cuando Urquizu, en su cargo como gobernador, habría presentado un informe que contenía certificaciones y estudios no verificados para justificar la apertura de un camino en el tramo mencionado, lo que facilitó la asignación de más de 36 millones de bolivianos.

A través de una auditoría y una inspección, se ha comprobado que la carretera nunca fue construida, y las 11 comunidades que debían beneficiarse con esta obra aún carecen de acceso vial. Ayllón ha indicado que la Contraloría ha identificado responsabilidades que apuntan directamente a Urquizu por este significativo daño económico.

Los denunciados proporcionaron sus declaraciones en la Fiscalía en julio, y la Procuraduría, al integrarse al caso, colaborará con el Ministerio Público y trabajará junto a los abogados de la Gobernación para recuperar los fondos que se consideran mal utilizados.