Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba rechazan el aumento del diésel
En una conferencia de prensa, los líderes sindicales expresaron su descontento con el reciente decreto que incrementa el precio del diésel, alertando sobre sus consecuencias económicas para el sector agrario y la canasta básica familiar.
El 17 de agosto, la dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba mostró su desacuerdo con el Decreto Supremo 5676, que ha establecido un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores. Esta decisión es considerada por ellos como un golpe a la economía popular, afectando especialmente la producción agrícola del país.
Los representantes de la organización campesina advirtieron que el aumento en el combustible tendrá un efecto inmediato en los precios de los alimentos que componen la canasta básica familiar. Vicente Choque, uno de los líderes, calificó la medida como una política económica perjudicial para el pueblo trabajador y criticó el hecho de que se anunció de manera repentina durante la madrugada.
Durante la rueda de prensa, los líderes expresaron su preocupación por un presunto plan del gobierno que busca privatizar al menos 15 empresas estatales, mencionando específicamente a la empresa de telecomunicaciones ENTEL. Aseguraron que el gobierno no está cumpliendo con la misión de garantizar la seguridad alimentaria ni de controlar el aumento de precios que afecta a las familias bolivianas.
Vilma Colque, otra de las dirigentes, criticó la gestión económica del presidente Rodrigo Paz, acusando a su administración de priorizar la entrega de recursos estratégicos. Resaltó que el movimiento popular no permitirá cambios en la constitución que favorezcan los intereses de empresas privadas en el sector de hidrocarburos y recursos naturales.
Las Seis Federaciones hicieron un llamado a sus bases y a diferentes sectores sociales a mantener la unidad en defensa del Estado Plurinacional. Los dirigentes anunciaron que están organizando acciones de protesta pacífica para exigir la revocación de las normativas que impactan negativamente en la vida de las familias bolivianas.