Lissa Claros exige investigación amplia sobre la gasolina de mala calidad
La diputada Lissa Claros de Libre reclama una indagación exhaustiva sobre la gasolina desestabilizada, señalando a YPFB y la ANH como responsables de la situación. Pide la inclusión de exautoridades en las pesquisas.
Lissa Claros, diputada del partido Libre, ha solicitado que se realice una investigación exhaustiva sobre la conocida gasolina de mala calidad, también llamada gasolina desestabilizada. Este proceso debería incluir a exautoridades de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como a aquellos funcionarios que tuvieron un papel en el control de calidad del combustible.
Claros mencionó que presentó su denuncia ante el Ministerio Público hace más de tres meses, identificando ya posibles responsabilidades entre varias autoridades y exfuncionarios. En su opinión, el principal responsable sería el entonces presidente de YPFB, Akly, junto a los máximos directivos de la ANH.
La legisladora subrayó que la ANH tenía la obligación de asegurar la calidad del combustible en los surtidores, cuestionando la falta de claridad sobre cómo llegó este producto a los consumidores. Afirmó que existe un decreto supremo que establece esta responsabilidad, la cual no fue cumplida.
Claros enfatizó la necesidad de saber qué tipo de combustible ingresó al país, quiénes autorizaron su recepción y por qué fue finalmente distribuido sin el debido tratamiento. Además, expresó su preocupación por lo que considera una posible justicia selectiva, sugiriendo que la investigación no debería limitarse al exministro Mauricio Medinaceli, quien actualmente se encuentra con detención domiciliaria.
La diputada estima que alrededor de 50 funcionarios y exfuncionarios están relacionados con el caso, y advirtió que si la investigación avanza de manera adecuada, el número podría superar el centenar. También hizo referencia a la Resolución 041, indicando que aunque Medinaceli alegó que esta no autorizó la comercialización de la gasolina, es crucial esclarecer los eventos posteriores al desprecintado del producto.
Asimismo, Claros argumentó que las indagaciones deberían abarcar gestiones anteriores, retrocediendo hasta 2021 y 2022, para identificar posibles orígenes del problema, mencionando a exautoridades como Armin Dorgathen y otros funcionarios de la ANH.
En su calidad de denunciante, ha solicitado además medidas como el arraigo y alerta migratoria para los investigados, con el fin de asegurar su comparecencia en el proceso y un posible resarcimiento por los daños ocasionados. La diputada ha criticado que no se hayan implementado estas medidas y está dispuesta a solicitar informes al Ministerio Público para avanzar en la causa.
Finalmente, Lissa Claros reafirmó la importancia de que el caso no quede impune, insistiendo en la necesidad de establecer responsabilidades penales y buscar un resarcimiento económico por los daños causados tanto al Estado como a las familias afectadas, subrayando que ya se habrían destinado más de 20 millones de bolivianos para compensar al sector transporte.