Los peligros de la economía ilícita en Bolivia
Un reciente estudio de la Fundación Milenio revela el crecimiento de actividades ilegales que amenazan la estabilidad democrática y la seguridad del país.
La Fundación Milenio ha dado a conocer un análisis titulado “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional. Zonas de penumbra y vulnerabilidad del Estado”, que alerta sobre la expansión de actividades ilegales en el país. Este informe destaca la creciente influencia de estos mercados en la economía nacional y los riesgos que conllevan para la seguridad del Estado y la estabilidad democrática.
Los autores del estudio, Henry Oporto y Ricardo Calla, advierten que la combinación de narcotráfico, minería ilegal, contrabando y corrupción estatal podría estar generando entre el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, estimándose entre USD 12.000 y 15.000 millones. Dentro de estos números, la minería ilegal del oro figura con aproximadamente USD 4.000 millones, seguida del narcotráfico con USD 3.500 millones y el contrabando con USD 2.750 millones.
Esta interconexión de actividades ilícitas no solo pone en riesgo la economía, sino que también facilita la infiltración de redes criminales en diversos sectores del Estado. Tal como señalan los investigadores, la corrupción ha llegado a afectar a instituciones clave como la Policía Nacional y el sistema judicial, además de influir en sindicatos y partidos políticos, deteriorando así los cimientos del Estado de derecho.
El fenómeno de la economía ilícita también actúa como motor de la economía informal, ocupando cerca del 80% de la demanda laboral en el país. Esto implica que el impacto de estas actividades no se limita a lo estrictamente económico, sino que también influye en la estructura social y política, potenciando el control territorial de estos grupos.
La falta de control sobre estas actividades ilegales ha llevado a un escenario donde los grupos criminales podrían convertirse en financiadores de campañas políticas, lo cual distorsiona la representación democrática y socava la legitimidad de las autoridades electas. Este panorama resulta en un debilitamiento de la democracia y un aumento en la corrupción y la impunidad.
La necesidad de una respuesta urgente
Los investigadores concluyen que es fundamental que Bolivia desarrolle una estrategia de seguridad integral que contemple reformas estructurales en la policía, una recuperación del sistema judicial y un fortalecimiento de la cooperación internacional. Como sostienen, la expansión de los mercados ilícitos es un problema que no se puede ignorar, ya que refleja una coexistencia de legalidad e ilegalidad en un Estado que enfrenta serios desafíos.
En este contexto, resulta crucial que el debate público no se limite a superficialidades o eslóganes vacíos. En palabras del autor Mario Vargas Llosa, es necesario abordar los problemas de fondo que amenazan nuestras libertades. Ignorar estos temas podría llevar a consecuencias devastadoras, como hemos visto en otros países afectados por la violencia del narcotráfico y la criminalidad organizada.