miércoles 28 de octubre de 2026

Política

Loza solicita al Gobierno un replanteo sobre la eliminación de la subvención al diésel

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, exige que se reconsidere la quita de subsidios al diésel y propone realizar una cumbre nacional para abordar la crisis de combustibles.

Por Ronald Ávalos · 21 de septiembre de 2026

Leonardo Loza, gobernador del departamento de Cochabamba, ha instado al gobierno nacional a retroceder en su decisión de eliminar la subvención al diésel, medida que se fundamenta en el Decreto Supremo 5716, emitido el 18 de septiembre de 2026.

La nueva regulación establece un precio base del diésel de 17.95 bolivianos por litro, que se ajustará conforme a las fluctuaciones del mercado internacional. Este cambio reemplaza el sistema de precios fijos que existía anteriormente.

Loza criticó esta decisión, argumentando que no responde a las necesidades del pueblo boliviano, sino que se toma "a gusto y antojo del Fondo Monetario Internacional (FMI)". Aseguró que la solución a la crisis en el sector de combustibles sería la importación de petróleo para su posterior procesamiento en el país.

El gobernador expresó su desacuerdo con el Decreto Supremo 1756 y advirtió que la eliminación del subsidio impactará negativamente tanto en la ciudadanía como en instituciones públicas, incluyendo la Gobernación de Cochabamba. "Es increíble el daño que están ocasionando al Estado boliviano y a su gente", comentó Loza.

Como medida alternativa ante la situación de abastecimiento de combustibles, Loza propuso incrementar la importación de petróleo crudo y su procesamiento en las refinerías nacionales, particularmente en las ubicadas en Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el aumento del precio del diésel, Loza solicitó al Gobierno realizar una cumbre nacional de inmediato, donde se involucren distintos sectores para discutir la problemática de los carburantes y las implicaciones de la eliminación de la subvención.

El gobernador enfatizó que cualquier decisión sobre cambios en la subvención debe discutirse con los sectores afectados, considerando las realidades sociales y económicas del país.