Más de 25 millones de bolivianos aún sin liberar en La Paz
La nueva Ley de Adecuación de Obligaciones permite destinar recursos del IDH departamental a diversos programas, aunque persiste un monto significativo bajo control central. Se plantean nuevos desafíos en la definición del Pacto Fiscal.
Recientemente se ha avanzado en la aprobación de la Ley que modifica las obligaciones de pago vinculadas al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en los gobiernos departamentales. Esta normativa ha permitido liberar cerca de 15 millones de bolivianos del presupuesto, que serán destinados a programas como el Bono de Vacunación, los títulos de Bachiller y los prediarios del Régimen Penitenciario en Tarija.
Los montos que se liberaron incluyen 8.2 millones para el bono de vacunación, 482,700 bolivianos para los títulos de bachiller y 4.7 millones para los prediarios. Esta medida, que se pondrá en práctica tan pronto como se publique en la Gaceta Oficial, ha sido recibida con entusiasmo por varias autoridades, en especial por la gobernadora María René Soruco, quien la ha calificado como un paso hacia la “recuperación de soberanía”.
A pesar de estos avances, aún quedan más de 25 millones de bolivianos en el presupuesto que permanecen “confiscados” en el nivel central del Estado. Parte de este monto está destinado al Fondo de Incentivos, que por sí solo consume alrededor de cinco millones de bolivianos. Este fondo se utiliza para compensar a las empresas petroleras por acelerar sus trabajos, aunque los resultados desde su implementación en 2017 han sido modestos.
Un punto de controversia adicional es la Renta Dignidad, que se financia con recursos departamentales pero que se clasifica como una competencia nacional, representando un costo de 15 millones de bolivianos. Además, existen otras obligaciones que también demandan financiamiento de fondos departamentales, tales como el Fondo Estatal de Vivienda y el Observatorio de Santa Ana, entre otros.
El debate sobre la asignación de estos recursos y las responsabilidades de cada nivel del Estado sigue siendo un tema candente. A pesar de la liberación de 15 millones de bolivianos y la existencia de 25 millones aún bajo control central, numerosos actores han señalado la necesidad urgente de avanzar en un nuevo Pacto Fiscal. Este pacto debería definir claramente las competencias que corresponden a cada nivel del Estado y los recursos necesarios para su funcionamiento, algo que hasta ahora ha permanecido estancado. Las propuestas de un reparto equitativo siguen diluyéndose mientras se espera una resolución.