Pacheco critica la posible intervención de EE.UU. en la justicia boliviana

El diputado Rolando Santos Pacheco ha manifestado su rechazo ante las restricciones de visa que el gobierno de Estados Unidos impuso a varias autoridades y exautoridades bolivianas, sugiriendo que esto podría ser un intento de injerencia en las instituciones judiciales del país. Pacheco afirmó que "EE.UU. quiere meter fiscal, justicia y ministros en Bolivia".

Estas declaraciones se producen tras la inclusión del fiscal general Roger Mariaca y otros doce ciudadanos bolivianos en una lista de personas que enfrentan restricciones para ingresar a Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha acusado a Mariaca de solicitar y aceptar sobornos relacionados con el narcotráfico, lo que ha llevado a un amplio desacuerdo en Bolivia.

Mariaca ha rechazado estas acusaciones y ha denunciado lo que considera una injerencia en los asuntos internos de Bolivia. El fiscal ha manifestado su intención de continuar con las investigaciones del Ministerio Público, entre las que se encuentra la relacionada con el exasesor presidencial Fernando Cerimedo.

En respuesta a la situación, el gobierno de Rodrigo Paz ha decidido solicitar información adicional a Estados Unidos para respaldar las acusaciones emitidas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha calificado las acusaciones como graves y ha indicado que se debe investigar la información antes de tomar decisiones sobre responsabilidades.

Además, los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados han solicitado que Mariaca se aparten de su cargo de manera temporal mientras se aclaran las denuncias. Por otro lado, la Asamblea Legislativa ha convocado a una sesión para el 5 de octubre, donde se discutirá la documentación relacionada con las restricciones impuestas por Estados Unidos y se evaluará la creación de una comisión parlamentaria para investigar el asunto.

Contexto de las acusaciones

Es importante resaltar que las acusaciones realizadas por el gobierno estadounidense no constituyen decisiones judiciales en Bolivia, lo que ha generado un debate sobre la soberanía y la autonomía del sistema judicial del país.