Protestas de cañeros y mineros contra el nuevo decreto sobre el diésel
Los productores de caña en Santa Cruz y la Fencomin rechazan el Decreto Supremo 5676 que establece un nuevo precio para el diésel, advirtiendo sobre las consecuencias para la producción y la economía.
El sector cañero en Santa Cruz realizó el día de ayer una movilización hacia las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para manifestar su desacuerdo con el Decreto Supremo 5767. Bajo el liderazgo de su dirigente, Óscar Alberto Peña, los cañeros expresaron su descontento a través de una acción simbólica en la que dejaron 'chala' en las puertas de la empresa estatal.
Los productores cuestionaron la implementación de precios diferenciados para el diésel, argumentando que esta medida representa una forma de discriminación y afecta negativamente sus costos de producción. Peña subrayó que el levantamiento previo de la subvención al diésel había causado una drástica disminución en la producción, que se redujo a la mitad de lo esperado.
Se anunció la realización de una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se discutirán nuevas acciones de protesta en contra del decreto y se buscarán soluciones que aseguren la continuidad de la producción cañera.
Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también expresó su rechazo al Decreto Supremo 5676, pidiendo su derogación. El presidente de la organización, Josué Caricari, enfatizó que el Gobierno debe ofrecer soluciones en lugar de exigir alternativas a los sectores afectados.
El mencionado decreto fue emitido en un contexto de larga espera en las gasolineras por la compra de combustibles, y con múltiples quejas de sectores productivos sobre la escasez de diésel. Este establece un precio referencial de Bs 18 por litro para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos), mientras que otros usuarios seguirán pagando Bs 9,80 según el Decreto Supremo 5516.
La Fencomin criticó la decisión del Gobierno de establecer este tipo de normativas mediante decretos, alertando que el aumento en los precios perjudica a los productores, trabajadores y familias en general. La organización ha declarado estado de emergencia y exigió la anulación del DS 5676 para evitar un mayor impacto en la economía del país.