Reestructuración de Empresas Estatales: Posibles Cierres en Puerta
El gobierno de Rodrigo Paz está revisando la situación financiera de empresas estatales, considerando el cierre o transformación de entre ocho y diez entidades que no presentan viabilidad económica.
El Gobierno boliviano, bajo la dirección de Rodrigo Paz, ha iniciado un proceso de reestructuración de su aparato empresarial estatal. Esta revisión contempla la posibilidad de cerrar, liquidar o transformar diversas empresas públicas que, por su situación financiera, no logran sostenerse por sí mismas.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comentó que las entidades serán sometidas a diagnósticos técnicos para determinar su viabilidad. Este proceso es parte del nuevo marco establecido en el PGE Reformulado 2026, que permite iniciar reorganizaciones o incluso la disolución de empresas del sector público.
La crisis financiera de varias entidades estatales ha llevado a esta medida. La Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) ha identificado a 15 empresas en quiebra técnica, acumulando pérdidas que superan los Bs 3.637 millones. Entre estas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Además, el ajuste también impactará en los recursos del Estado destinados a estas compañías. El PGE Reformulado prevé una disminución de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a las empresas públicas, lo cual forma parte de una estrategia más amplia para reducir el déficit fiscal. Espinoza subrayó que la intención no es cerrar empresas de manera automática, sino evaluar qué opción es más adecuada: mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas o liquidarlas.
Un caso notable bajo evaluación incluye una empresa estatal que produce papas fritas en El Alto, que podría ser cerrada o bien transferida a otro nivel de gobierno, o asociarse con el sector privado, todo dependiendo de los resultados de la revisión en curso.
En resumen, el Gobierno busca reducir un aparato empresarial que ha dependido de recursos públicos durante años. De ahora en adelante, será fundamental que las empresas demuestren su capacidad para operar sin representar una carga para el Estado.