Reestructuración fiscal: Un llamado a la responsabilidad estatal
El Gobierno inicia una reforma en el gasto público ante la eliminación del subsidio al diésel, instando a todas las instancias estatales a ajustarse a la nueva realidad económica.
La eliminación del subsidio al diésel, anunciado por el Gobierno, pretende salvaguardar el presupuesto de inversión pública y evitar un gasto insostenible que alcanza los 55 millones de dólares cada semana.
José Luis Gálvez, vocero presidencial, señaló que la reestructuración fiscal no se limita al sector de combustibles, sino que también implica un recorte del 30% en la planilla del Ejecutivo y el cierre de empresas públicas que operan con pérdidas.
La decisión de retirar el subsidio al diésel se fundamenta en la situación del mercado internacional, donde los precios son elevados y hay escasez de combustible, lo que hace inviable mantener dicho subsidio.
"Mantener este esquema significaba destinar hasta 55 millones de dólares semanales a una 'bolsa negra' que alimentaba el contrabando y el mercado negro, restando liquidez a los proyectos estatales".
Gálvez afirmó que la medida no generará un exceso de recursos en el Estado, sino que permitirá cumplir con el presupuesto destinado a la construcción de infraestructuras, tales como carreteras, hospitales y escuelas en diversas regiones.
El vocero enfatizó que el ajuste fiscal debe ser una responsabilidad compartida entre todas las entidades estatales, resaltando que hasta el momento las gobernaciones no han hecho los ajustes necesarios en sus presupuestos.
Medidas adicionales y transporte público
En el ámbito del transporte urbano, Gálvez aclaró que la eliminación del subsidio se aplicará solo al diésel, mientras que la gasolina y otros combustibles permanecerán sin cambios por el momento.
Para apoyar a los transportistas que utilizan diésel, se está implementando un programa de conversión al gas natural, facilitando el financiamiento y la compra de cilindros, con miras a replicar con éxito el modelo de Santa Cruz en otras ciudades.
Gálvez concluyó que cualquier empresa pública que no demuestre productividad deberá ser clausurada, reafirmando así el compromiso del Gobierno por una gestión más eficiente del gasto público.