Reflexiones sobre un Nuevo Modelo de Estado en Bolivia

Durante la campaña presidencial, el actual mandatario hizo una promesa llamativa: al asumir el cargo el 8 de noviembre, su primer acto sería emitir un decreto que redistribuiría el 50% de los recursos al gobierno central y el otro 50% a las regiones. Esta afirmación generó expectativas de un cambio significativo en la relación entre el Estado y las regiones, sugiriendo un posible avance hacia un modelo federal.

Sin embargo, con el tiempo, el discurso sobre esta promesa ha variado. La exviceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reconoció en 2026 que no existía un plazo claro para implementar el modelo 50/50, sugiriendo que este proceso podría extenderse hasta diez años. Más tarde, en marzo, el presidente Rodrigo Paz anunció el inicio del proceso para llevar a cabo esta redistribución, pero enfatizó que esto requeriría una reestructuración del Estado.

Frente a estos cambios, surgen interrogantes sobre la viabilidad técnica de la propuesta original. ¿Era realmente factible transformar la estructura del Estado mediante un simple decreto? Además, al mencionar la necesidad de 'estructurar un nuevo Estado', se plantea si se está aludiendo a reformas constitucionales o a una reingeniería institucional, cuestiones que aún no tienen respuesta clara en el país.

El desafío que enfrenta Bolivia va más allá del simple 50/50. El verdadero problema radica en la tendencia a convertir reformas profundas en eslóganes electorales. Las transformaciones institucionales requieren consensos políticos amplios y negociaciones, más allá de la retórica de campaña. La credibilidad del gobierno se ve comprometida cuando se alteran las promesas electorales, lo que dificulta alcanzar los acuerdos necesarios para cualquier reforma sustancial.

Aun así, Bolivia no empieza desde cero. La Constitución de 2009 ya estableció un sistema de autonomías que, a pesar de sus defectos, representa una base sobre la cual edificar. Sin embargo, a 17 años de su implementación, este modelo sigue siendo incompleto, marcado por niveles significativos de centralización.

Las regiones frecuentemente negocian de manera aislada y el debate nacional se limita a quién recibe más recursos. Es necesario replantear cómo se organizan y gestionan los recursos a nivel nacional, teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de cada región. La falta de una visión compartida sobre el futuro del Estado es un factor crucial en este estancamiento.

Preguntas fundamentales sobre el modelo de Estado que desea Bolivia en el futuro deben ser discutidas. ¿Cómo se pueden fortalecer las competencias de los gobiernos departamentales y municipales? ¿Qué tipo de desarrollo equilibrado se puede garantizar entre los diferentes departamentos? Sin una discusión profunda sobre estas cuestiones, el debate sobre el 50/50 seguirá siendo superficial y limitado a cifras sin significado real.