Restricciones y sanciones para vigilar a Evo Morales generan controversia
Educadores del Trópico de Cochabamba informan sobre presiones a padres de familia para participar en vigilias a favor del exmandatario, con posibles multas y turnos obligatorios.

Educadores del Trópico de Cochabamba han denunciado que se está coaccionando a los padres de familia para que participen en las vigilias destinadas a proteger al ex presidente Evo Morales, bajo la amenaza de multas que podrían alcanzar hasta 1.000 bolivianos. Esta denuncia fue hecha pública por Radio Fides, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la naturaleza voluntaria de estas reuniones en apoyo al exmandatario.
El dirigente del movimiento evista, Omar Ramírez, admitió que existen turnos establecidos por las comunidades y sanciones para aquellos que no se presenten. En declaraciones a Urgente.bo, Ramírez indicó que las sanciones pueden variar desde trabajos comunitarios hasta multas que oscilan entre 50 y 100 bolivianos, dependiendo de lo que decidan las comunidades locales. Asimismo, subrayó que las vigilias son el resultado de decisiones colectivas tomadas por las organizaciones.
Ramírez también mencionó que aproximadamente 5.000 personas están involucradas en el sistema de vigilancia, organizadas en diferentes grupos y realizando turnos que se cumplen mensualmente o cada dos meses. Aclaró que los miembros pueden delegar a otra persona para cumplir con su deber y que enfrentan sanciones si no acatan las normativas de la comunidad.
Las versiones sobre las multas varían notablemente; mientras que la denuncia de Radio Fides sugiere sanciones que podrían llegar a 1.000 bolivianos, Ramírez hace referencia a montos considerablemente menores y trabajos comunitarios como forma de penalización. Hasta el momento, no existe documentación que permita confirmar el número de sancionados ni la implementación efectiva de las multas reportadas.
Este asunto plantea importantes dudas sobre el balance entre las actividades comunitarias y la obligación de participar en acciones políticas. Es necesario contrastar las acusaciones con testimonios de los afectados y otros datos que permitan verificar si ha habido algún tipo de coacción o amenazas en este contexto.