Sectores en pie de lucha ante inminente fin del estado de excepción
Tres organizaciones del transporte y gremiales preparan movilizaciones si sus demandas no son atendidas tras el levantamiento de la medida de restricción el 20 de septiembre.
Las organizaciones de Transporte Libre Nacional, la Confederación de Gremiales de Bolivia y la Federación de Transporte Pesado Nacional e Internacional están organizando diversas acciones de protesta contra el Gobierno, programadas para después de que culmine el estado de excepción el 20 de septiembre. Su descontento surge a raíz del Decreto Supremo (DS) 5676, que elimina la subvención del diésel para grandes consumidores y plantea cambios en la política de hidrocarburos en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Limbert Tancara, líder del Transporte Libre, comunicó que en un reciente ampliado se decidió otorgar un plazo de 48 horas al Gobierno para que atienda su pliego petitorio, que incluye ocho solicitudes. Tancara afirmó: “Vamos a dar 48 horas de plazo para que el Gobierno nacional responda el pliego y convoque a este sector del autotransporte.”
El contenido del pliego abarca también el acceso a equipos para Gas Natural Vehicular (GNV), la intervención de maquinaria en carreteras de la Red Vial Fundamental y el rechazo a la ampliación del estado de excepción. El dirigente advirtió que, en caso de recibir respuesta favorable, organizarán movilizaciones a nivel nacional inmediatamente después del levantamiento del estado de excepción.
La Confederación de Gremiales de Bolivia, en su ampliado del viernes, decidió iniciar protestas en los primeros diez días de octubre si sus demandas no son atendidas. Un dirigente de la organización remarcó: “Este ampliado nacional ha definido realizar movilizaciones en caso de no ser atendidos los diferentes puntos que se han tomado en cuenta.”
Gonzales, un representante gremial, criticó el tipo de cambio flexible que afecta los costos de los insumos importados, además de solicitar una reducción en el impuesto al consumo específico. También cuestionó el precio de 18 bolivianos por litro de diésel para grandes consumidores, argumentando que debería fijarse en un máximo de 12 bolivianos.
Desde el transporte pesado, Nelson Carrillo expresó su rechazo a la eliminación de la subvención a los combustibles para 2027, advirtiendo que esto podría generar una "convulsión total" en la sociedad. También se hizo eco de la preocupación por el impacto de estas medidas en los sectores más vulnerables, sugiriendo que cualquier aumento en el precio del Gas Licuado de Petróleo podría desencadenar inflación y afectar a los más humildes.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, tuvo una reunión con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia para discutir acciones que aseguren el abastecimiento de combustible. Durante este encuentro, se acordó realizar un encuentro nacional con los gerentes de la ABC para evaluar el estado de las carreteras en el país, según un comunicado oficial.