Soboce advierte sobre las graves repercusiones económicas de la sentencia en su contra

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ha manifestado su preocupación ante las serias consecuencias que podría acarrear la ejecución de un fallo judicial que le exige el pago de aproximadamente 744 millones de bolivianos a FANCESA. Según la empresa, esta decisión, considerada arbitraria, tendría un impacto negativo en la economía nacional, el sistema financiero y en miles de empleos en diversos sectores. Actualmente, la sentencia enfrenta cuestionamientos en el ámbito de la Justicia Constitucional, la cual ya la había anulado debido a irregularidades significativas que aún no han sido subsanadas. La ejecución de este fallo se califica como un acto irresponsable.

SOBOCE, reconocida como uno de los pilares de la industria del cemento en Bolivia, enfatiza que su operación continua depende de mantener niveles adecuados de liquidez e inversión. La firma también es un emisor activo de valores en el mercado de capitales boliviano y tiene responsabilidades frente a tenedores de bonos, instituciones financieras e inversionistas.

En caso de que se lleve a cabo esta sentencia, Bolivia sería el primer país en establecer el concepto de "daño al proyecto de vida" como un criterio indemnizatorio en favor de una empresa, algo que distorsiona su naturaleza y podría abrir la puerta a abusos legales contra otras compañías. Este precedente podría afectar la seguridad jurídica en el país, complicando el acceso a inversiones y financiamiento internacional.

SOBOCE sostiene que tiene derecho a un debido proceso legal, tal como lo tienen todas las empresas, y rechaza la campaña de presión social que busca influir en las decisiones de quienes deben dirimir estos procesos conforme a la ley. La empresa denuncia que esta campaña de desinformación tiene como objetivo engañar al pueblo boliviano y a la ciudadanía de Chuquisaca, propiciando afirmaciones falsas.

Desde hace 16 años, SOBOCE ha estado en búsqueda de justicia tras la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado boliviano, que, a pesar de su propio decreto (N° 0616 del 1 de septiembre de 2010), no ha cumplido con el pago correspondiente. A lo largo de este tiempo, SOBOCE ha seguido los cauces legales, mientras que otras expropiaciones han recibido indemnizaciones, en contraste con su situación. Ahora, se enfrenta a una indemnización que consideran excesiva y sin un respaldo técnico o legal adecuado, impulsada por un proceso que ha sido calificado como irregular por tribunales anteriores.

La compañía hace un llamado a la comunidad jurídica de Bolivia para que examine las resoluciones judiciales relacionadas con este caso, subrayando la falta de fundamento para la indemnización reclamada y las violaciones a los derechos de SOBOCE que ya han sido señaladas en el fallo constitucional.

El compromiso de SOBOCE con Bolivia es firme y representa una de las inversiones extranjeras más significativas en el país. La ejecución de este fallo arbitrario podría tener efectos devastadores, afectando las posibilidades de atraer nuevas inversiones que son cruciales para la reactivación económica del país.

Por ello, SOBOCE convoca a la ciudadanía, a los trabajadores, clientes, proveedores, al sector de la construcción, a los profesionales del Derecho y a todos los actores económicos, para que analicen con detenimiento los riesgos que esta sentencia, si se convierte en vinculante, plantea para la economía y la sociedad boliviana.