SOBOCE MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR IMPACTO ECONÓMICO DE UN FALLo JUDICIAL EN SU CONTRA

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ha expresado su profunda preocupación respecto a las repercusiones económicas que podría acarrear la ejecución de un fallo judicial que le ordena, de manera considerada arbitraria, el pago de aproximadamente 744 millones de bolivianos a FANCESA. La sentencia está actualmente bajo revisión en la Justicia Constitucional, que ya ha anulado la decisión original por irregularidades significativas que aún no han sido subsanadas; por lo tanto, su ejecución sería irresponsable.

SOBOCE es una de las empresas más importantes en la industria del cemento en Bolivia, y su sostenibilidad depende de mantener un flujo de liquidez e inversión adecuado. Además, actúa como emisor en el mercado de valores boliviano, cumpliendo con obligaciones ante tenedores de bonos y entidades financieras, lo que subraya la importancia de su estabilidad económica.

Si se llevara a cabo esta sentencia, Bolivia se convertiría en el primer país en utilizar el concepto de "daño al proyecto de vida", un principio jurídico pensado para el individuo, como base para indemnizar a una sociedad comercial. Este hecho modificaría el marco jurídico vigente y podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias que afectarían a las empresas en el país y, en consecuencia, la seguridad jurídica y la inversión extranjera.

La empresa defiende su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y rechaza las campañas de intimidación dirigidas a influir en las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de resolver estos procesos legales conforme a la ley boliviana. A través de desinformaciones, se busca confundir a la población y a los ciudadanos de Chuquisaca con afirmaciones engañosas sobre el caso.

SOBOCE lleva 16 años en la lucha por justicia tras la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado, que no ha cumplido con el pago del justiprecio estipulado en el Decreto N° 0616 del 1 de septiembre de 2010. A pesar de haber abonado otras expropiaciones, el Estado no ha hecho lo mismo en este caso, lo que ha llevado a la empresa a reclamar por vías legítimas. Actualmente, se enfrenta a un proceso irregular que, según los tribunales constitucionales, carece de fundamento técnico y legal.

Se insta a la comunidad jurídica boliviana a examinar detenidamente todas las resoluciones judiciales relacionadas con este tema, comenzando por la demanda inicial, y se les anima a verificar la falta de coherencia y las violaciones a los derechos de SOBOCE, ya señaladas en el fallo constitucional aún pendiente de revisión.

El compromiso de SOBOCE con el desarrollo de Bolivia es firme y se alinea con ser una de las mayores inversiones extranjeras en el país. La consumación de esta situación arbitraria podría obstaculizar la atracción de futuras inversiones extranjeras, esenciales para la reactivación económica del país.

Por ello, se hace un llamado a todos los ciudadanos, trabajadores, clientes, proveedores, al sector de la construcción, a los profesionales del Derecho, al sistema financiero, y al conjunto empresarial boliviano, para que analicen con objetividad el grave riesgo que esta sentencia, si se convierte en obligatoria, representa para la economía y la sociedad del país.