Tribunal Agroambiental clama por una ley procesal en su 27 aniversario
En el marco de su celebración, el Tribunal Agroambiental de Bolivia remarcó la falta de un procedimiento específico que impide su funcionamiento óptimo, instando al Legislativo a sancionar una ley que brinde una mejor protección a los litigantes.
El Tribunal Agroambiental (TA) de Bolivia, creado hace 27 años, sigue enfrentando la problemática de no contar con un procedimiento jurídico propio para llevar a cabo sus funciones en el ámbito agrario y agroambiental. Esto ha llevado a la institución a utilizar normativas de otras áreas, como las del derecho civil, lo que ha generado dificultades para las partes involucradas en sus causas.
Durante el acto conmemorativo celebrado el miércoles en el teatro Gran Mariscal de Sucre, la presidenta del TA, Roxana Chávez, subrayó la necesidad urgente de contar con una ley de procedimiento que permita brindar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos bolivianos. A pesar de que el tribunal continúa emitiendo fallos sin esta legislación específica, Chávez advirtió que la falta de un marco legal adecuado deja desprotegidos a los litigantes y a la población en general.
El Tribunal Agroambiental fue establecido el 18 de octubre de 1996 a través de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, y sus vocales asumieron funciones el 12 de agosto de 1999. Con las reformas constitucionales de 2009 y la promulgación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, el tribunal adoptó su actual denominación.
Chávez hizo un llamado a los asambleístas para que aprueben el Proyecto de Ley Especial del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, enfatizando que esta legislación es esencial y no requiere de un presupuesto adicional.
Además, la presidenta del TA destacó logros importantes de la institución, como sus resoluciones en temas relacionados con la conservación del jaguar, la prevención de incendios forestales y la protección de ríos como el Madre de Dios y el Tuichi, los cuales, según su criterio, han tenido un impacto significativo en las decisiones ambientales del país. También mencionó un caso relevante sobre la reserva de Tariquia gestionado por un juez de Entre Ríos.