La controversia del “daño al proyecto de vida” en el contexto empresarial
Un tribunal boliviano plantea el uso de una figura legal destinada a individuos para un caso entre empresas, generando un debate sobre su aplicabilidad y legitimidad.
La prisión que sufrió la profesora María Elena Loayza en los años noventa no solo le privó de su libertad, sino que arruinó sus aspiraciones y sueños personales. Para compensar esta grave pérdida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos introdujo el concepto de "daño al proyecto de vida". Sin embargo, en una sorprendente decisión, un tribunal en Bolivia busca aplicar esta figura, reservada para situaciones de profundo sufrimiento humano, en un litigio entre las empresas Fancesa y Soboce.
Este concepto, creado por el jurista peruano Carlos Fernández Sessarego, pretende resarcir la frustración que siente una persona cuando sus metas y vocaciones se ven truncadas de manera irreversible. A pesar de su relevancia para las experiencias humanas, resulta inapropiado aplicarlo a entidades jurídicas como las empresas, que carecen de emociones y propósitos existenciales.
Implicaciones legales y metodológicas del fallo
Es importante señalar que esta figura no está contemplada en el Código Civil boliviano, lo que significa que no hay base legal para exigir compensaciones bajo este concepto. Ante esto, el Tribunal Supremo ha optado por argumentar que el uso del término fue un "error de denominación" y que en realidad se referían a un daño reputacional. Esta maniobra legal plantea múltiples incoherencias y cuestionamientos sobre la validez de la condena millonaria que se mantiene intacta a pesar del cambio de término.
El daño al proyecto de vida tiene como propósito proteger la libertad y la existencia humana, mientras que el daño reputacional se enfoca en la imagen de una entidad. Estas son nociones completamente distintas que requieren métodos diferentes para su valoración y demostración. Cambiar de un concepto a otro sin revisar la base del cálculo económico resulta en una situación de confusión y falta de justicia.
En un Estado de derecho, los magistrados deben ajustarse a las normativas vigentes y no pueden alterar la ley para justificar indemnizaciones. La presión por mantener una condena financiera inapropiada, manipulando términos jurídicos, compromete la seguridad jurídica del país y puede tener efectos adversos en la inversión extranjera, pues las empresas buscan operar en entornos donde las reglas son claras y estables.
Es esencial comprender que una empresa, al no poseer una vida en términos existenciales, no puede experimentar un "daño al proyecto de vida". Reconocer tal capacidad a una corporación no solo diluye el significado de esta figura legal, sino que plantea serias dudas sobre la justicia y la equidad en la aplicación del derecho.