Alertan sobre el despido de 143 guardaparques en Bolivia y sus posibles consecuencias
El despido de un número significativo de guardaparques en Bolivia ha generado un fuerte cuestionamiento por parte de organizaciones de conservación, que advierten riesgos para la protección de áreas naturales.
La situación de 143 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha encendido alarmas entre diversas organizaciones ambientalistas y sectores relacionados con la conservación de la naturaleza. Los trabajadores han recibido instrucciones para poner a disposición sus cargos, lo que se ha interpretado como un “despido encubierto” que podría amenazar la protección de importantes áreas protegidas en el país.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha expresado su desacuerdo con esta medida, señalando que la reducción de personal encargado de la vigilancia de los parques nacionales tendría graves repercusiones. La Defensoría del Pueblo también ha tomado cartas en el asunto, notificando al ministro correspondiente sobre la situación y una diputada ha anunciado su intención de promover acciones legislativas al respecto.
Las denuncias que circulan en redes sociales indican que los guardaparques trabajan en condiciones difíciles y que su despido facilitaría actividades ilícitas como la caza furtiva, quemas y la explotación desmedida de recursos naturales. Sin embargo, no se ha presentado evidencia concreta de que el Gobierno tenga la intención de despedir a estos trabajadores con el fin de favorecer tales actividades.
Frente a estas acusaciones, el Gobierno ha garantizado que no habrá despidos de guardaparques. La explicación oficial señala que la instrucción afecta a aproximadamente 1.200 funcionarios, con el propósito de evaluar sus cargos y ratificarlos posteriormente. Esta versión oficial contrasta con la percepción de los trabajadores y las organizaciones, quienes consideran que esto podría conducir a despidos reales.
Mientras que el Gobierno insiste en que se trata de un proceso de evaluación, los guardaparques alertan que la reducción de su número podría dejar a las áreas protegidas más vulnerables ante la actividad de cazadores, traficantes y aquellos que buscan explotar los recursos naturales sin control.