Estudio Critica Efectividad de Medidas Económicas de Paz
Un análisis reciente estima que las nuevas disposiciones del Gobierno lograrían solo un 17% de efectividad en los sectores de menores ingresos, lo que genera dudas sobre su capacidad para mitigar el impacto del aumento del diésel.
Un estudio presentado tras la eliminación de la subvención al diésel ha puesto en entredicho la efectividad de las medidas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz, sugiriendo que solo alcanzarían un 17% de efectividad para los sectores vulnerables. Este porcentaje se deriva de la asignación de impactos a diez medidas, promediando los resultados, aunque no se trata de un análisis oficial.
Las medidas en cuestión incluyen el Bono Pepe 2, el aumento del Juancito Pinto a Bs 300, la Renta Dignidad fijada en Bs 500, bonos para familias sin aportes, un salario mínimo de Bs 3.300, créditos productivos, el perdonazo tributario, un plan de enlosetado, la desregulación de la importación de diésel y la devolución de depósitos en dólares. Muchas de estas iniciativas han sido anunciadas oficialmente por el Gobierno.
Cálculo de Efectividad por Medida
- Bono Pepe 2: 20%
- Juancito Pinto: 5%
- Renta Dignidad: 30%
- Bonos para familias sin aportes: 15%
- Salario mínimo: 10%
- Créditos productivos: 25%
- Perdonazo tributario: 5%
- Plan de enlosetado: 45%
- Desregulación de importación de diésel: 10%
- Devolución de depósitos en dólares: 5%
El documento crítico argumenta que las medidas no serían suficientes para contrarrestar el aumento de costos en el transporte, alimentos y los ingresos de las familias de bajos recursos. También se critica que varias de estas acciones tienen un carácter temporal o están limitadas a ciertos sectores. Por ejemplo, las organizaciones de adultos mayores han expresado que los Bs 500 de Renta Dignidad resultan insuficientes ante el alza del costo de vida.
Este análisis se publica tras el anuncio de Paz sobre la venta del diésel a precios internacionales, eliminando el esquema de subvención. El Gobierno argumenta que esta decisión liberará recursos que se destinarán a inversión, protección social y producción, mientras que sectores opositores critican el impacto que tendrá en el poder adquisitivo de la población.