Reconsideración de la ley antibloqueos en la Cámara de Diputados

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados ha decidido reconsiderar el proyecto de ley antibloqueos, el cual había recibido luz verde a comienzos de esta semana. Esta normativa ahora no será presentada al pleno y su análisis será reencaminado, según lo informado por el diputado Carlos Alarcón (Unidad). La próxima sesión para tratar este asunto está programada para el miércoles, donde se invitará a los proponentes de otras iniciativas.

El martes pasado, la comisión había aprobado la Ley 070/2025-2026, que busca garantizar la libre transitabilidad y proteger al pueblo boliviano. Esta ley establece penas para quienes realicen bloqueos en las vías y asigna responsabilidades a las autoridades que no actúen ante conflictos en su ámbito de competencia.

Manolo Rojas, presidente de la comisión, detalló que se introdujo un nuevo tipo penal denominado obstrucción grave a las rutas públicas, lo que implica que quienes bloqueen caminos podrían enfrentarse a penas de tres a diez años de prisión. Asimismo, las autoridades que no cumplan con su deber de atender conflictos podrían ser castigadas con una agravante de dos tercios, resultando en sanciones de hasta seis años y dos meses.

El diputado Omar Muriel también puntualizó que las autoridades que reciban notificaciones sobre un conflicto tendrán un plazo de 15 días hábiles para tomar medidas al respecto o remitir el asunto a la instancia correspondiente.

Carlos Alarcón, quien había expresado su desacuerdo con la versión previamente aprobada, subrayó la importancia de que el proyecto no pierda su esencia. En su opinión, el enfoque inicial buscaba castigar a las autoridades en lugar de a los bloqueadores, lo que, según él, vulnera el propósito fundamental de una ley antibloqueos. Alarcón enfatizó que dicha perspectiva había sido objeto de fuertes cuestionamientos.

Desde el sector evista, el líder Vicente Choque también se pronunció sobre la aprobación de la ley en la comisión. Expresó que, aunque la norma es interesante, también podría interpretarse como un aviso para evitar movilizaciones. Choque advirtió que este proyecto permitiría iniciar procesos penales contra autoridades que no actúen frente a bloqueos en sus jurisdicciones, mencionando específicamente a gobernadores y alcaldes como posibles responsables.