Agamdech pide que se excluya a los municipios del régimen Graco debido al aumento del diésel

La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech) ha manifestado su rechazo al Decreto Supremo N° 5676, elaborado por la administración del presidente Rodrigo Paz. Esta normativa incluye a los municipios en el régimen de Grandes Contribuyentes (Graco), lo que, según la organización, representa una amenaza para su funcionamiento financiero y operativo.

Agamdech ha expresado su preocupación ante el impacto que tendrá esta medida en la ejecución de obras y la atención a las necesidades de las comunidades. Las municipalidades utilizan constantemente maquinaria pesada para actividades fundamentales como la apertura de caminos y la edificación de reservorios, por lo que el alto costo del diésel, fijado en Bs 18 por litro, podría frenar el progreso local.

La organización ha argumentado que su inclusión en el régimen Graco es inapropiada, ya que los gobiernos locales no persiguen fines de lucro y son entidades de servicio público. A diferencia de empresas que tienen la capacidad de generar ingresos y compensar el aumento en los precios de los combustibles, las municipalidades dependen de sus presupuestos limitados.

Además, han advertido sobre las consecuencias colaterales del aumento del precio del diésel, que afectará el transporte, la producción y, en consecuencia, el costo de vida. Este encarecimiento repercutirá en los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar, complicando aún más la situación.

En su pronunciamiento, Agamdech ha solicitado la modificación del Decreto Supremo N° 5676 para que los Gobiernos Autónomos Municipales puedan acceder al diésel a un precio de Bs 9,80 en las estaciones de servicio, lo que consideraron una medida necesaria para evitar el colapso en la ejecución de proyectos municipales.

Por último, la asociación se ha declarado en estado de emergencia y ha advertido que, si sus demandas no son atendidas, se verán forzados a tomar acciones más drásticas, considerando que la medida actual representa un ataque a la economía de las administraciones municipales.