La dualidad entre el debido proceso y la necesidad de justicia
La situación del fiscal general Roger Mariaca plantea interrogantes sobre la eficacia de la justicia en casos de corrupción y el respeto a los derechos fundamentales.
Ante la posibilidad de que el fiscal general Roger Mariaca esté involucrado en actos de corrupción relacionados con el narcotráfico, es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y, en caso de ser necesario, un proceso judicial en su contra. La inmunidad o el cargo que ocupa no deberían ser un impedimento para la justicia.
La lucha contra la corrupción no puede justificarse a través de métodos arbitrarios. Sin embargo, la estructura actual del sistema judicial complica la posibilidad de enjuiciar a altos funcionarios del Estado, lo que genera la necesidad de ajustar los procedimientos para asegurar justicia efectiva sin comprometer el debido proceso.
El deber del Estado y el derecho al debido proceso
El Estado tiene la responsabilidad de investigar de manera efectiva casos graves de corrupción y criminalidad, evitando así privilegios indebidos. Esto crea un desafío entre garantizar el debido proceso y la obligación del Estado de actuar contra la corrupción de manera efectiva.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe adaptar los procedimientos de justicia para que sean eficientes y se evite la impunidad en el juicio de altos funcionarios. Si no se toman estas medidas, hay un riesgo de que los acusados logren absoluciones en instancias superiores, como podría suceder con Mariaca.
La cuestión no radica en si Mariaca debe ser investigado, sino en el marco legal aplicable a su caso. Si los actos en cuestión ocurrieron en el ejercicio de su cargo, se debería aplicar la Ley 044; pero si se trata de delitos comunes, corresponde al sistema de justicia ordinaria.
Es inaceptable que el Estado actúe de manera arbitraria para lograr eficacia en la justicia solo contra opositores del Gobierno, mientras que actúe con cautela cuando se trata de sus funcionarios. La justicia debe ser imparcial y no un instrumento político.
La reciente designación de un fiscal general interino por parte de la ALP es un paso positivo en esta dirección. Esta nueva administración debería evaluar a los fiscales a su cargo, asegurando que sean seleccionados por sus capacidades y no por razones políticas, especialmente en un contexto donde la credibilidad del Ministerio Público es crucial.
La participación del nuevo fiscal interino en un acto institucional del Gobierno podría generar dudas sobre su independencia. Es fundamental que demuestre que no actúa como un operador político y que investigará con imparcialidad, sin importar si se trata de personas vinculadas al Gobierno o a su círculo cercano.
La ciudadanía se interroga sobre si esta nueva Fiscalía actuará contra el poder, incluso si involucra a funcionarios del Gobierno. Las decisiones futuras en términos de imputaciones y acusaciones revelarán si realmente se busca justicia o si se continúa con prácticas selectivas.